Son un total de 360 familias las que vivían de forma irregular en las viviendas del programa de Comunidades Urbanas del Estado, desde 2019, en Warnes, fueron desalojadas este martes por la Policía departamental.

El viceministro de Régimen Interior y Policía, Jhonny Aguilera, indicó que, a la cabeza del comandante policial de Santa Cruz, coronel Erick Holguín, se consensuó para que las familias, que sabían que vivían en casas que avasallaron, desocupen las viviendas de forma voluntaria, de esta forma se evitó el uso de la violencia.

«La Agencia Estatal de Vivienda (AEV) inició un proceso judicial que ha dispuesto que se desocupen los predios avasallados. El comando de la Policía logró de manera pacífica que, quienes estaban morando de manera ilegal, desocupen los inmuebles», informó Aguilera en entrevista con RTP.

Detalló que 1.800 policías se movilizaron para dar cumplimiento al operativo de desalojo, trabajo que fue apoyado por funcionarios de la AEV y del Ministerio de Obras Públicas. «Estamos iniciando acciones penales en contra de las personas que lideraron estas organizaciones con la finalidad de ocupar de  manera ilícita los predios», advirtió.

Explicó que inicialmente las entidades financieras fueron los que efectuaron los procesos que permitan avalar a las familias para beneficiarse con un inmueble, cumpliendo entre los requisitos que sea boliviano, reciba más de 4.000 bolivianos como sueldo básico y no tenga inmueble a su nombre. 

Señaló que la Agencia Estatal de Viviendas viabilizo de una mejor manera de realizar los procesos de selección, por lo que hoy existe una diversidad de familias que tienen que ocupar las viviendas, pero avasalladores se entraron a los inmuebles, impidiendo que los adjudicados de forma legal ocupen las casas.

La Agencia Estatal de Viviendas de Bolivia emitió un comunicado en el que informa sobre el desapoderamiento que establece la desocupación de las 360 viviendas avasalladas en la Urbanización Papa Francisco.

«La Aevivienda ha enviado notas y ha tenido socializaciones con los grupos de avasalladores para brindar información sobre el acceso al Programa de Comunidades Urbanas y así beneficiarse con una vivienda de manera legal; sin embargo, de las 360 familias avasalladoras, 50 presentaron documentos que no fueron idóneos para el acceso al beneficio, habiendo solamente dos familias calificadas para ello», remarca el comunicado.

Dentro de los avasalladores de las viviendas no solo habían ciudadanos bolivianos, sino extranjeros, además se detectó estafas en pirámides de venta y algunos inmuebles en alquiler. 

Durante el proceso de desalojo algunas familias afectadas señalaban que no habían sido notificadas, viéndose supuestamente sorprendidas con la medida. Algunos incluso pedían que el Gobierno les facilite un coliseo para poder trasladarse.