Mediante un comunicado, la Procuraduría General del Estado (PGE) informó sobre la millonaria sanción económica que impuso la justicia contra la exsecretaria municipal de Administración y Finanzas del municipio de Santa Cruz, Sandra Velarde, dentro de la investigación del caso contratos irregulares.
”Dentro de la demanda de reparación de daños emergente de la sentencia condenatoria penal impuesta contra Sandra Velarde por los ‘contratos irregulares’, (…) imponiendo a la condenada el pago por concepto de resarcimiento civil de un monto total de Bs 32.493.970 en favor del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra”, señala parte del documento.
Además, tras culminar la etapa de investigación, la Procuraduría señala que hubo un resultado ”inédito y favorable” a favor del municipio cruceño.
”La PGE actuando conforme a las facultades otorgadas por la Constitución y el ordenamiento legal vigente, ha promovido esta acción penal y la consecuente acción civil reparatoria de manera responsable”, concluye el documento.
Sandra Velarde, exsecretaria municipal de Santa Cruz de la Sierra, se convirtió en la primera sentenciada por el caso contratos irregulares.
Velarde es arquitecta y fue la secretaria que más tiempo estuvo como titular de Planificación en el gabinete de la gestión de Percy Fernández. Luego, acompañó a Angélica Sosa, cuando esta asumió como alcaldesa interina. Entonces, Velarde fue secretaria de Administración y Finanzas.
Cuando se hizo pública la denuncia en su contra, Velarde aseguró a través de un video que permanecería en el país enfrentando a la justicia.
La gestión de Jhonny Fernández presentó los resultados de una auditoría, en la que denunció que hubo 1.205 contratos irregulares firmados por la exalcaldesa Sosa en época de campaña por las elecciones municipales. Velarde fue implicada debido a que en ese entonces fue secretaria de Administración y Finanzas.
Las 1.205 personas recibieron sueldos de enero, febrero y marzo de 2021, pese a que tenían contratos sin las debidas firmas o sin los respaldos requeridos, según la denuncia, por lo que la gestión de Jhonny apunta a que estas personas fueron ocupadas para campaña.
La exsecretaria de Finanzas fue sentenciada en diciembre de 2022 a tres años de cárcel tras someterse a un proceso abreviado aceptando la culpabilidad en el daño económico de Bs 25,6 millones por el caso de contratos irregulares.
