Agotar las instancias jurídicas antes que convocar a movilizaciones. Esa es la principal conclusión que emergió de la reunión sostenida la tarde de este miércoles entre la dirigencia del Comité pro Santa Cruz y asambleístas departamentales y nacionales ante la emergencia declarada por la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) que establece la anulación de diferentes artículos de la Ley 98 de Conservación del Patrimonio Natural.

Así lo confirmó el líder cívico Fernando Larach al referir que el acuerdo y consenso que se dio con los representantes de los entes gubernamentales determina que todas las acciones que van tomarse en materia de movilización ciudadana serán coordinadas entre todos. En este sentido, queda en suspenso el pedido de una Asamblea de la Cruceñidad.

Por otro lado, los representantes departamentales, tal y como adelantó el gobernador Luis Fernando Camacho, trabajan en un nuevo proyecto de ley que reemplace a la Ley 98, en el entendido en que se agotarán todas las instancias facultadas por normativa vigente y en el marco de sus competencias.

“La mencionada sentencia tiene un evidente carácter político que desnaturaliza y pretende cercenar todo el régimen competencial de las autonomías. En ese sentido, advertimos al pueblo boliviano que esta acción del Gobierno centralista es un atentado contra las autonomías de toda Bolivia”, reza el primer punto de la resolución que emergió en la reunión.

Asimismo, se ratifica el estado de emergencia que fue recientemente declarado en reunión de directorio del Comité pro Santa Cruz, entidad desde donde respaldan las acciones de las instituciones departamentales en el ejercicio de las competencias autonómicas.

Asimismo, el Gobierno departamental, a través de sus representantes, ha manifestado que “contrario a la intención política de la sentencia constitucional, seguirán legislando y ejerciendo sus competencias autonómicas en materia de tierra, territorio y medio ambiente para cuidar el agua y la vida de todos los cruceños”.

“La ilegítima sentencia constitucional pretende crear legislación nacional para arrebatarnos nuestras competencias autonómicas. En ese sentido, nuestros parlamentarios nacionales no entregarán nuestras autonomías al Gobierno centralista. Asimismo, se encuentra preparando un juicio de responsabilidades a los magistrados responsables de tan ilegítima sentencia”, complementa la resolución.

Las autoridades y cívicos que participaron de la reunión acordaron defender al departamento, el medio ambiente y los recursos naturales.