Tras el fallo constitucional que anula la protección a acuíferos, la asambleísta departamental cruceña Paola Aguirre afirmó este miércoles que ese dictamen no afecta a las leyes regionales que aún rigen en Santa Cruz, debido a que su alcance no declara la inconstitucionalidad de esas normas.
«Mientras no se declare la inconstitucionalidad de una norma, ésta se presume como válida, estas leyes departamentales están plenamente vigentes y, mientras estén vigentes, nosotros desde la gobernación (cruceña) seguiremos ejerciendo esa facultad de protección al medio ambiente», afirmó la legisladora regional.
Ayer martes se conoció que la sentencia 0076/2023 del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), aprobada el 8 de agosto, declaró la nulidad de artículos de la Ley Departamental 98 de Santa Cruz relacionados con la facultad que tiene la gobernación de administrar, crear o declarar unidades de conservación, áreas protegidas o patrimonios naturales en un territorio autónomo. El dictamen allana la apertura de la vía Las Cruces – Buena Vista.
Esta sentencia da base legal a una polémica apertura de la carretera, rechazada desde la Gobernación de Santa Cruz, debido a que se anula la Unidad de Conservación del Patrimonio Nacional Humedales del Norte, una instancia encargada de la protección de los acuíferos de Güendá – Urubó, por donde debe pasar la vía.
A pesar de ese fallo, el ministro de Planificación, Sergio Cusicanqui, dijo anoche que el Gobierno esperará un estudio para que se defina la factibilidad de la apertura de la vía y no se afecte a los acuíferos de Güendá – Urubó.
«Vamos a tomar las medidas y acciones institucionales correspondientes. Si tenemos que ir al TCP, como asambleístas departamentales, a exigir rectificación de este fallo, lo vamos a hacer. Hay mucho tema jurídico por cortar, hay leyes departamentales que han nacido a la raíz de la Ley Departamental 98 y que están plenamente vigentes, el fallo constitucional no las ha dejado sin efecto», afirmó a Unitel la asambleísta Aguirre.
A través de una carta, el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, afirmó que son cerca 11 las áreas protegidas que son afectados por la decisión del TCP.
Aguirre llamó a la unidad institucional cruceña para defender las normas que protegen áreas protegidas en ese departamento.
