El Ministerio Público de Santa Cruz concluyó el lunes 18 de septiembre con la resolución conclusiva de la etapa preparatoria de la investigación por denuncias de irregularidades en las obras del proyecto Buses de Transporte Rápido (BRT).
Alexander Mendoza, fiscal de Anticorrupción, informó que en esa resolución se acusó formalmente al exalcalde Percy Fernández; la exalcaldesa Angélica Sosa; Rolando Ribera, exsecretario de Movilidad Urbana. También fueron señalados otras siete personas, denunciadas por los presuntos delitos de incumplimiento de deberes, conducta antieconómica, contratos lesivos al estado y resoluciones contrarias a la constitución y leyes.
“Una vez que el Tribunal correspondiente nos notifique presentaremos las pruebas correspondientes y posteriormente esperaremos que se instale el juicio oral público. De esta manera, el Ministerio Público pedirá que se los sentencie conforme a procedimiento”, afirmó Mendoza la tarde de este martes.
De acuerdo a la investigación, el proyecto BRT le costó al municipio cruceño Bs 156.185.365, pese a que el presupuesto municipal para obras era de Bs 151.302, 59. Es por ello que investigan denuncias de irregularidades en este proyecto que no llegó a materializarse, por delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Según la Fiscalía, el proyecto debía ser financiado por el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF); sin embargo, este financiamiento nunca se materializó y el monto económico para la construcción lo destinó el Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra a través de un financiamiento público con el Fondo Nacional de Desarrollo Regular (DNFR).
La denuncia fue iniciada el 5 de mayo de 2021 por el diputado del MAS, Ángelo Céspedes, a la que posteriormente se adhirieron el alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández y el diputado del MAS, Rolando Cuéllar.
Los otros siete procesados son Lucy López Q. (directora de Transporte y Viabilidad); Rubén Darío Rivero G. (Jefe del departamento de Transporte Público de Gestión de Trámites y Autorizaciones); Emilse Fernández (jefe del departamento Administrativo); Jorge Humberto Ortiz B. (jefe del departamento de Estadísticas y Planificación del Transporte Público Urbano); Nancy Roca M. (Abogada en la dirección de Transporte y Viabilidad); Jorge Luis Egüez R. (Abogado) y Percy Rojas Limón, representante de la Línea 17-18 de Transporte Público Masivo Chuturubí Sociedad Civil.
La resolución conclusiva señala que el exalcalde “Percy Fernández prosiguió y omitió el dictamen de aprobación del proyecto en su calidad de máxima autoridad ejecutiva. Asimismo emitió decretos ediles, que autorizarían las modificaciones presupuestarias durante la gestión 2019-2020 para la inversión del proyecto BRT”.
Se refiere a Angélica Sosa de quien dice que en su condición como alcaldesa, “emitió decretos ediles que autorizarían las modificaciones presupuestarias durante la gestión 2020-2021, ocasionando la disminución de recursos de otros proyectos y gastos corrientes, de esta manera entorpeciendo la continuidad de otros proyectos del Gobierno Autónomo Municipal de Santa Cruz de la Sierra”.
El 29 de agosto de este año, el juez primero de Anticorrupción, Roberto Parada Mole, ordenó a la Alcaldía de Santa Cruz de la Sierra, retirar los cordones del proyecto Sistema de Transporte Rápido (BRT) que fueron colocados en el primer anillo de la capital cruceña.
Esta determinación de la Justicia se da a solicitud de a Alcaldía cruceña dentro del proceso penal. Sin embargo el jueves 14 de septiembre, Sosa, que permanece detenida en la cárcel de Palmasola, denunció al juez por autorizar que la Alcaldía retire los cordones.
