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Gobernación aclara dudas sobre temas de manejos fiscales de la ALD y delimitación entre Santa Cruz y Beni

El asesor general de la Gobernación, Luis Fernando Roca, se pronunció sobre los temas de manejos de las cuentas fiscales de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) y la delimitación entre Santa Cruz y Beni; el primero está siendo agilizado, y el segundo se espera la respuesta del Ministerio de la Presidencia para aclarar las inconsistencias de límites.

Con respecto a que supuestamente existen inconvenientes administrativos, explicó que la carta solicitud del presidente de la ALD, Zvonko Matkovic, para habilitar a una máxima autoridad del ente legislativo fue respondida el 6 de marzo con la firma del gobernador en ejercicio Mario Aguilera, y remitida el mismo día.

Sin embargo, Roca explicó que las autoridades legislativas no llenaron un formulario para la habilitación de firmas que exige el Banco Unión, el cual fue recibido ayer por el Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz, y este viernes se procedió con su devolución.

En el otro punto, el asesor general reiteró que el gobernador en ejercicio ha planteado tres reclamos al Ministerio de la Presidencia pidiendo respuestas sobre las inconsistencias existentes entre la cobertura de límites entre Santa Cruz y Beni, proporcionadas al ente departamental a finales del año pasado.

Y a principios de febrero del presente año se contaban con los datos exactos de las afectaciones al departamento de Santa Cruz, por lo que se hicieron los reclamos correspondientes al Ministerio de la Presidencia y al Viceministerio de Autonomías, con cuyas instancias se ha tenido acercamiento.

En este sentido, se está a la espera de una solución para que las comunidades de Piso Firme y Bella Vista, del municipio de San Ignacio de Velasco, sean censadas como siempre desde 1992 en Santa Cruz.

En el tramo en cuestión entre Santa Cruz y Beni, se procederá de acuerdo a la Ley 339 de Delimitación de unidades territoriales, todo ello en el marco del respeto de la Constitución Política del Estado, al amparo del artículo 269, que establece el principio básico de la voluntad democrática de los habitantes.

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