Después de que saltó la denuncia por un supuesto loteamiento en la Unidad de Conservación del Patrimonio Natural (UCPN) Guendä – Urubó, desde la bancada de Creemos emplazaron al Ministerio Público a investigar de oficio esta situación donde se advierte que puede haber un tráfico de tierras.
Fue la diputada María René Álvarez quien señaló que “se tiene que hacer mediante el Ministerio Público una investigación de oficio”, advirtiendo que de ser cierta la denuncia, se demostrarían los intereses que tienen algunos sectores por mantener el trazo del tramo carretero Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista.
La Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) defiende un trazo de este proyecto que, según la denuncia de la Gobernación cruceña y entes colegiados, atraviesa por la mitad la UCPN Guendä – Urubó, espacio que es una zona de recarga de los acuíferos que abastecen a la población de la zona metropolitana.
El fin de semana, el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, encabezó una caravana para realizar la inspección del tramo carretero y alegó que el trazo actual no genera ninguna afectación a los acuíferos, tema que Álvarez calificó de “show político”.
“Lleva a sus acólitos con banderas y hasta con poleras con el color de su partido político donde tenían letreros que decían ‘Por la construcción de nuestro sueño, carretera ya’. Yo le pregunto al ministro y a estas personas: ¿cuál es el sueño que tienen ustedes? ¿el sueño de dejarnos sin agua?”, cuestionó la parlamentaria.
Mientras que el diputado Walthy Egüez señaló que Creemos y la Gobernación ya remitieron los estudios técnicos que respaldan los daños ambientales que se ocasionarían con la construcción de esa carretera tal y como defiende el Gobierno central.
“Cuando se construye carreteras lo inmediato que sucede son los asentamientos humanos y se debe dotar de condiciones de alcantarillado y de agua potable; por tanto se genera una gran cantidad de aguas servidas (…) que haya estos asentamientos humanos y no se les dote de condiciones de alcantarillado las heces fecales que se van a insumir en los ríos y muy pronto Santa Cruz estaría consumiendo agua con heces fecales”, explicó.
Al respecto, el presidente de la Asamblea Legislativa Departamental, Zvonko Matkovic, expresó que con las denuncias se descubrió un negociado de casi $us 40 millones que presuntamente pretende poner en riesgo el agua de todos los cruceños”.
“Con razón había sido tan fácil movilizar ministros, diputados, asambleístas, alcaldes, concejales, organizaciones sociales, dirigentes, micros. ¿Para qué? Para bloquear, perjudicar al sector productivo y a la economía nacional y así tratar de presionarnos y amenazarnos con juicios y secuestros, para obligarnos a aprobar la construcción de esta carretera”, manifestó la Matkovic.
Asimismo, el secretario de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente de la Gobernación, Pablo Sauto, indicó que dentro de las 44.700 hectáreas de la UCPN Guendá-Urubó solo existe parte de una urbanización; sin embargo, aclaró que la licencia data del año 2018, antes de la creación de la UCPN (10 de marzo 2021).