La realización de inspecciones para fiscalizar el cumplimiento de las normas en la jurisdicción territorial del Gobierno Autónomo Indígena Originario de Kereimba Iyaambae, es una de las recomendaciones que el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, hizo para que se evite la sobreexplotación laboral en indígenas del pueblo guaraní que habitan en la región.
“Realizar una inspección móvil integral que fiscalice el cumplimiento de la normativa laboral en relación a la servidumbre o empatronamiento en el ámbito de la jurisdicción territorial del Gobierno Autónomo Indígena Originario de Kereimba Iyaambae”, señala la recomendación segunda del texto defensorial, presentado el 24 de agosto en la sede de la Capitanía Comunidad Sausalito, en el departamento de Santa Cruz.
Se trata del informe defensorial denominado “Persistencia de relaciones de servidumbre o empatronamiento en el Chaco cruceño: El caso de familias guaraníes empatronadas en el predio agropecuario La Tunita”, mismo que revela las precarias condiciones de vida de los indígenas, quienes testimonian que trabajan más horas de las jornadas completas a cambio de algo de alimento o vestimenta; además de su limitación al acceso a la salud y la educación, entre otros derechos.
El documento defensorial de investigación surge a raíz de la situación de alta vulnerabilidad que atravesaban al menos 14 familias, quienes vivían en condiciones de servidumbre o empatronamiento dentro del predio La Tunita, ubicado en el territorio indígena Kereimba Iyaambae, en la provincia Cordillera del departamento cruceño.
«No sé puede admitir que continúen estas condiciones de explotación y sobreexplotación laboral. Con este informe dejamos como precedente para que estás condiciones de vida sean erradicadas y denunciadas para que nunca más, ni una familia boliviana, indígena, campesina, originaria sea sometida a las condiciones de trabajo mencionadas y que el Estado haga vigilancia permanente para garantizar el goce de los derechos de las y los bolivianos en todo el territorio nacional», remarcó el Defensor del Pueblo.
El Informe incorpora sugerencias dirigidas al Ministerio de Trabajo, al Instituto Nacional de Reforma Agraria, al Ministerio de Justicia y al Gobierno Autónomo Indígena Originario de Kereimba Iyaambae.
En la actualidad, el predio está en proceso de reversión y la institución defensorial solicitó a la dirección nacional del Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), que garantice el acceso a la tierra de las familias de los trabajadores guaraníes que habitan en el predio La Tunita, “debido a su arraigo histórico cultural con la tierra y su territorio ancestral, al evidenciarse que fueron sometidos a relaciones de servidumbre o empatronamiento, además de tener en cuenta que su único medio de vida y sustento es el trabajo agropecuario”.
El documento también pide a la misma institución implementar o actualizar el sistema de registro, control y seguimiento de denuncias e informes que permita al INRA adoptar mecanismos y resoluciones que posibiliten la reversión y/o dotación de tierras, en casos de servidumbre o empatronamiento.
De la misma forma, la Defensoría sugirió al Ministerio de Trabajo desarrollar seminarios de socialización, sensibilización y capacitación en temáticas de derechos fundamentales y sociolaborales, dirigidos a las comunidades, familias y trabajadores agrarios del Pueblo Guaraní.
También plantea que el Gobierno Autónomo Indígena Originario de Kereimba Iyaambae, gestione un proyecto de viviendas, dotación de agua potable y saneamiento básico para las familias de los trabajadores guaraníes del predio La Tunita, e incorporarlos a su red de salud integral.
A la vez, la Defensoría del Pueblo sugiere que el Servicio Integral de Justicia Plurinacional (SIJPLU), dependiente del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, patrocine a los adultos mayores y trabajadores del predio La Tunita en la demanda de pago de beneficios sociales.