Cada día, 104 adolescentes se embarazan en Bolivia; si bien los casos van en descenso, lo que aumenta es la cantidad de casos a una edad más temprana, muchas veces como resultado de agresiones sexuales o matrimonios forzados.
En los últimos tres años, se evidencia el descenso de casos. En 2021 se registraron 39.747 embarazos de menores entre 10 y 19 años; en 2022 fueron 35.470, y en 2023, 32.699. Sin embargo, va en ascenso el embarazo a menor edad, es decir, de 10 a 14 años: en 2021 fue del 6,05 por ciento; en 2022 fue del 6,02 por ciento, y en 2023 subió a 6.57 por ciento, según datos del Ministerio de Salud.
Además, el informe de la Defensoría del Pueblo “Sueños interrumpidos” refiere que desde 2015 hasta septiembre de 2023 se registraron 458.246 embarazos adolescentes, el 6,20 por ciento (28.408) corresponde a niñas entre 10 y 14 años.
Cifra en ascenso
La cifra superior al 6 por ciento es preocupante porque en la mayoría de los casos se trata de la consecuencia de agresiones sexuales, señalaron por separado el coordinador del componente de desarrollo adolescente Save the Children en Cochabamba, Aldo Espinoza, y la especialista en derechos sexuales y derechos reproductivos de la Coordinadora de la Mujer, Alejandra Franco.
Espinoza alertó que muchos de los casos derivan en matrimonios infantiles a edad muy temprana.
Para Franco, aún hay obstáculos para el acceso y el ejercicio de los derechos sexuales de los adolescentes y enfatizó que muchos de los embarazos tempranos son el resultado de violencia sexual “que no se visibiliza”.
Además, cuando las adolescentes acuden a los centros de salud no siempre son informadas del derecho que tienen a l interrupción legal del embarazo (ILE) en caso de violencia sexual y son forzadas a llegar al término de la gestación. “Hay un subregistro de niñas que no denuncian las agresiones sexuales y que no acceden a la ILE y son forzadas a llevar a término los embarazos no deseados cuando ninguna niña debería ser madre”, sostuvo.
Poblaciones rurales
La Defensoría del Pueblo alerta sobre la alta incidencia de embarazos en adolescentes de 10 a 14 años en municipios del oriente del país. Se menciona, por ejemplo, que el municipio de Riberalta ocupa el tercer lugar a nivel nacional con 79 casos, por detrás de Santa Cruz (428) y Trinidad (144). Asimismo, en San Javier (Beni) los embarazos de niñas de 10 a 14 años representan el 40 por ciento del total de embarazos a nivel municipal.
Una situación similar se presenta en el trópico cochabambino, donde se registran 81 casos, cifra que supera en 47 por ciento a ciudad capital que registra 43 casos. En Villa Tunari se registran 29 casos; en Puerto Villarroel, 18; en Chimoré, 12; en Entre Ríos, 12, y en Shinahota, 10.
Otros datos preocupantes son la cantidad de embarazos de niñas de 10 a 14 años que se registra en los municipios de Montero (46), San Ignacio de Velasco (36), Warnes (31) y Yapacaní (30), cifras que igualan o superan las registradas en cinco ciudades capitales de departamento (Cobija, La Paz, Tarija, Sucre y Oruro).
Sobre la situación en los municipios pequeños e intermedios, Franco lamentó que la violencia de género aún esté naturalizada. “En muchos casos las agresiones a niñas, a mujeres está socialmente aceptada y no se cuenta con un repudio social”, indicó.
Mencionó la necesidad y urgencia de trabajar en la prevención y en la protección forzada de niñas y adolescentes. “La violencia sexual contra niñas no tiene el mismo rechazo que el aborto, por ejemplo, lo que muestra una sociedad que va en contra de los derechos de las niñas y adolescentes”, insistió.
A juicio de Franco, debe trabajarse más en estos municipios porque no se cuenta con la información necesaria.
Tanto Espinoza como Franco coincidieron en la importancia de incidir en la educación sexual integral en las unidades educativos con la participación comprometida del Ministerio de Educación.
Espinoza mencionó que se trabaja en la incorporación de temáticas relacionadas en la educación sexual integral que permite la educación en valores, emociones, el cuidado del cuerpo y el de otras personas, el consentimiento.
“Permite que los adolescentes estén informados y ejerzan su derecho a una sexualidad libre placentera y responsable”, añadió Franco.
Matrimonios infantiles
Sobre los matrimonios infantiles, la investigación de la Defensoría del Pueblo constató la existencia de 487 matrimonios de niñas de 12 años y adolescentes de 13, 14 y 15 años registrados en el Servicio de Registro Cívico (Serecí).
El informe defensorial recomendó incidir para que los Gobiernos autónomos municipales identificados con un índice superior al 16,5 por ciento de embarazos en niñas y adolescentes realicen la reasignación de presupuestos para la disminución de estos índices como una medida vinculada con el cumplimiento a la ley del Código Niña, Niño y Adolescente.
Además, fortalecer la atención en los servicios de salud en los municipios que registran mayor cantidad de embarazo de niñas de 10 a 14 años, además de orientar sobre el acceso a la interrupción legal del embarazo que es desconocida en muchas oportunidades por las niñas y adolescentes.
