El vicegobernador cruceño Mario Aguilera advirtió este lunes que desde la Vicepresidencia del Estado quieren vulnerar la autonomía cruceña para crear y proteger las unidades de conservación del patrimonio natural (UCPNs) en el departamento de Santa Cruz, tras el pedido por escrito remitido por el ‘vice’ David Choquehuanca para dar de baja la Ley Departamental 208.
La autoridad sostuvo que este pedido se da como “un acto de desinformación”, argumentando que el vicepresidente no conoce en qué condiciones se mueve el agua en el hídrico subterráneo en la región metropolitana de Santa Cruz.
El pedido del Gobierno para derogar la ley que creó la UCPN Guendá – Urubó se da en un contexto en el que fenece el plazo para que el Estado central contrate a una firma internacional para que realice un estudio de viabilidad del proyecto carretero Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista, cuyo trazo actual (que es defendido por el Gobierno) atraviesa esta UCPN.
“En ese suelo que se pretende vulnerar con esta carretera, yo solo lo invitaría a que efectivamente cumplan la palabra honrada por el Gobierno, que es el desarrollo de una consultoría específica, que identifique, que califique y que de cierta forma fortalezca los ya 50 años de estudios que existen sobre esta zona, que es de altísimo valor medioambiental por los servicios hídricos”, apuntó el vicegobernador.
La segunda máxima autoridad departamental consideró que se está violando la autonomía o se está tratando de vulnerar el derecho autonómico que tiene el departamento de generar unidades de conservación del patrimonio natural que son intrínsecos a la vida, por lo que consideró necesario plantear todos los escenarios necesarios de debate para evitar dar de baja a la Ley 208.
Entretanto, el secretario de Desarrollo Económico, Edgar Landívar, en compañía de su par de Desarrollo Sostenible y Medio Ambiente, Pablo Sauto, convocaron a la Asamblea Legislativa Departamental a cuidar el agua y los recursos naturales que abastecen a más de 2,5 millones de cruceños.
“Lo que el gobierno pretende, construir la carretera por la reserva Güendá – Urubó, no es viable”, dijo Landívar, a tiempo de manifestar su sorpresa por el conflicto de intereses que surge en torno a la ley después de tres años de su promulgación.
El secretario defendió la independencia de poderes, por lo tanto, “la carretera no va por el tramo requerido por la ABC”.
A su turno, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Fernando Larach, señaló que hay una sentencia constitucional que garantiza que la ley de creación de la UCPN y adelantó que se viene una reunión con la institucionalidad colegiada relacionada al tema para establecer las líneas de acción posibles y coadyuvar en la defensa de la zona de recarga acuífera.
Según Larach, en este encuentro se prevé esquematizar la situación y las posibles soluciones y salidas que se puedan dar dentro del marco jurídico y académico.
