Desde la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (Uagrm) advierten que la sentencia del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que anula artículos de la Ley 98 de Conservación del Patrimonio Natural, es contraria a la Constitución Política del Estado (CPE) porque viola las autonomías departamentales que están establecidas por Ley, situación por la que se contempla acciones legales contra magistrados del TCP.

“Aquí debe haber un juicio de responsabilidades. Primero, por incumplimiento de deberes de los miembros del TCP, por lo menos contra quienes firmaron esta sentencia”, sostuvo el rector Vicente Cuéllar.

Desde la universidad señalaron que hay un incumplimiento de deberes, porque el TCP tenía un plazo de 45 días para emitir sentencia, pero tardaron cerca de 7 años y cuando se está en emergencia por los acuíferos

La autoridad académica remarcó que si las autoridades del TCP no van a trabajar en el marco de la CPE, si van a violar las autonomías departamentales y no van a tomar en cuenta los estatutos autonómicos hay un camino fácil: la renuncia, por ética y por principio.

“El Órgano Judicial y aquellos que están con la obligación de administrar la CPE no pueden estar en manos de los políticos y no pueden estar cooptados por el Poder Ejecutivo”, señaló Cuéllar en conferencia de prensa.

Cuéllar matizó que el fallo tiene una parte favorable para el impulso de la ruta Santa Cruz – Las Cruces – Buena Vista, ya que se debe contar con el aval de la Asamblea Legislativa, según lo dispuesto por el TCP.

“Lo único positivo de esta sentencia es que ni el presidente ni el ministro tienen competencia para decidir por dónde debe pasar la carretera. Por lo tanto, cualquier ministro que está con la intención de empezar la construcción del segundo tramo por donde ellos quieren realizarlo no tiene competencia, porque debe salir una ley nacional sobre el tema de la conservación de los acuíferos”, afirmó.

Las autoridades académicas señalaron que una vez se tengan los antecedentes del expediente de esta sentencia, se debe resolver si los magistrados merecen o no un juicio, tema que debe ser abordado por la Asamblea Legislativa.

“Lo que nos preocupa es lo que está sucediendo en el Tribunal Constitucional, convertirse en un catalizador o sea de todo el aspecto político cuando esa no es su obligación judicializando la política, el Estado o las autonomías”, dijo por su parte el vicerrector Reinerio Vargas.

Según el reporte, se conocer que hay parlamentarios, principalmente opositores, que están trabajando en el análisis de la sentencia.