Ante solicitud de los bomberos, el COED tuvo una reunión extraordinaria este miércoles en la tarde, bajo el mando del presidente de la Asamblea Legislativa Departamental (ALD) Zvonko Matkovic, y la secretaria de Seguridad Ciudadana, Paola Weber, en la que se ratificó la “alerta roja” ante el riesgo extremo por incendios forestales en el departamento, y se conminó al INRA, a la Autoridad de Bosques y Tierras (ABT), el Ministerio Público, la Policía y las Fuerzas Armadas, -que de hecho estuvieron ausentes-, a que investiguen a los culpables de los incendios provocados; entre los demás puntos, también se pide a YPFB a que abastezca de combustible a los surtidores para garantizar el trabajo de las maquinarias en las provincias.

“Se ratifica la prohibición todo tipo de quema en todo el departamento, conminando al Ministerio Publico, Fiscalía, Policía Bolivia y Fuerzas Armadas a realizar patrullajes preventivos y disuasivos en las zonas de riesgos, de mayor reincidencia y se inicie proceso a toda persona que sea encontrada en el acto y/o que se determine  su culpabilidad o autoría (…) Se conmina a las autoridades de la ABT, INRA, Ministerio Público a entregar información sobre los casos de investigación, procesos iniciados, finalizados, detenidos, áreas de quemas, asentamientos ilegales y otros”, reza el acta entre sus principales puntos.

Cabe destacar que una de las pocas instituciones nacionales que participó fue la Defensoría del Pueblo, a la cual se solicita su intervención para que haga seguimiento a los 22 gobiernos municipales  declarados en desastres, respecto a la  atención de las comunidades afectadas.

Con respecto a YPFB, se solicita también que garantice la dotación de combustible en los municipios declarados en desastre para realizar oportunamente las operaciones, debido a que la escasez de diésel ha paralizado la movilización de la maquinaria que está atendiendo los incendios activos.

Por su parte, las autoridades municipales, entre las  que estuvieron presentes de los Valles Cruceños, San Antonio de Lomerío, San Javier, San Ignacio y Porongo, se comprometieron a ver los mecanismos para identificar y denunciar a los responsables de los incendios dentro de sus territorios, con el fin de coordinar acciones  para disminuir las quemas e incendios. También elaborarán normas específicas dentro del marco de sus competencias.

En tanto, la Asamblea Legislativa Departamental se compromete a realizar un análisis jurídico y competencial, y si es viable,  elaborar una propuesta de ley que respalde a los municipios a imponer sanciones a los responsables de quemas ilegalmente.

El titular del ente legislativo, al finalizar la lectura del acta, reclamó por la ausencia de las principales instituciones del Estado nacional que tienen tuición con respecto a brindar seguridad para evitar los incendios y a investigar los delitos por quemas, como el INRA, la ABT, la Policía y la Fiscalía.