Ante los nuevos episodios de violencia registrados en la zona de la provincia cruceña de Guarayos y que están relacionados a conflictos por tierras y con presencia de grupos irregulares armados, desde diferentes sector piden al Gobierno nacional que se dé un intervención militar y policial para frenar a estos sectores acusados por la toma violenta de diferentes predios.

Desde la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz), el director Mauricio Serrate señaló que, ante las amenazas de dirigentes interculturales hacia los actores del sector privado, existe preocupación por cualquier tipo de actitud o de acciones que están fuera de la ley.

Serrate sostuvo que las declaraciones de los dirigentes no se toman como una amenaza, ya que se dio una “condena a muerte”. “La inseguridad jurídica es un tema preocupante, así como la falta de capacidad de las autoridades en la toma de decisiones en cuanto a los avasallamientos, en cuanto a los bloqueos”, apuntó.

El ejecutivo advirtió que “no hay las acciones pertinentes que tiene que tomar la Policía, o si no el Ministerio Público, contra todas estas personas que están cometiendo delitos. ¿Esto qué hace? Que la cuestión se desborde. Cada vez (los avasalladores) van más allá”.

En días pasados, el exviceministro de Régimen Interior y Policía, Emilio Rodas, también planteó la intervención policial o militar en la zona en conflicto para poner fin a los enfrentamientos y más tomando en cuenta los antecedentes que hay sobre las disputas por tierras y la presencia de grupos irregulares.

Para la exautoridad los grupos criminales se camuflan de organizaciones sociales, mismos que no solo disputan las tierras fiscales, sino que también amenazan la vida de muchas personas de las comunidades y propiedades particulares ubicadas en la zona de conflicto.

Mientras que la abogada Raquel Guerrero, quien defiende a las víctimas del sonado caso Las Londras (Guarayos), manifestó que los dirigentes interculturales que realizaron amenazas deben ser procesados por terrorismo y advirtió que la Policía se encuentra rebasada, por lo que parece raro que no haya intervención de las Fuerzas Armadas.

“¿Quiénes son los encargados de proteger esos predios? ¿Dónde está el INRA? ¿Dónde está el Ministerio Público, la Policía? Es lamentable, pero creo que la Justicia, nuestras autoridades, el fiscal departamental, los fiscales de materia, el juez del control jurisdiccional y la Policía se cuadran ante estos señores”, apuntó la abogada.

Desde la Asamblea Legislativa, la diputada arcista Deysi Choque señaló que este es u problema de campesinos, indígenas e interculturales que tienen áreas que se están sobreponiendo entre ellas y descartó que la situación está ligada a temas de narcotráfico.

“Los conflictos que hay es por la tenencia de la tierra y lo dice la misma persona que dice ‘vamos a defendernos con la armas’, lo dice en el caso de la tierra”, dijo Choque, apuntando que otras denuncias se tratan de una falta de respeto hacia los interculturales.

A su turno el abogado y militar en servicio pasivo Jorge Santistevan observó que existe “negligencia, inoperancia e incumplimiento de deberes” por parte de las autoridad que “han dejado que proliferen grupos armados dedicados al tráfico de tierras” y que amenazan abiertamente a la sociedad.