Fueron dos los motivos por los que quedaron en libertad, según informó el abogado defensor de las acusadas, Elvio Gonzáles. Uno fue la inexistencia de una valoración forense que determine los días de impedimento de los menores que supuestamente fueron amarrados.

“En la investigación no hay el certificado forense que acredite que los menores hayan sufrido una lesión. Mientras que, en relación a la privación de libertad, la pena es de seis meses a dos años, es decir, la pena es menor a tres años, por lo que no procede su aprehensión de acuerdo al Código de Procedimiento Penal”, explicó el jurista a los medios de prensa.

La otra causa fue la contradicción de los seis estudiantes afectados, pues no todos acusaban de forma directa a sus maestras, por tanto, no existían elementos suficientes en el cuadernillo de investigación para presumir la posible autoría del delito de privación de libertad.

“Son seis menores, pero de ellos, cuatro menores dicen lo contrario, no dicen lo mismo de los otros que acusan. Entonces había contradicciones y por el principio de verdad se le debe creer también a los otros cuatro menores”, detalló Gonzáles.

Fue por esta razón que el fiscal Alejandro Justiniano no encontró indicios suficientes por los delitos de violencia sicológica, lesiones graves y leves. Respecto a la privación de libertad, las víctimas, de entre seis a 12 años, se contradijeron. Además de que las acusadas negaron la denuncia en su contra.

Por su parte, la abogada de la Defensoría de la Niñez del municipio de La Guardia, Ana Isabel Rojas, dijo que las sindicadas deberán presentarse ante las autoridades las veces que sean citadas.

Asimismo, indicó que se aguarda que el fiscal presente la imputación formal ante el juez de La Guardia para que ambas comparezcan ante la justicia y así se determine su situación jurídica.