El Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) salió a negar que se estén dotando tierras en reservas forestales y áreas protegidas del departamento cruceño, en un contexto en el que se advierten desmontes y quemas en estos espacios que no están calificados para los asentamientos humanos.
“El INRA, en cumplimiento a la normativa agraria vigente, no distribuye tierras fiscales dentro de reservas forestales y áreas protegidas porque tienen el carácter de no disponibles”, reza un comunicado difundido por la entidad estatal.
La postura institucional emerge después de que diferentes actores apuntaron a esta instancia de facilitar la llegada de pobladores a áreas no calificadas para asentamientos.
Una de las declaraciones más duras surgieron desde la bancada de Creemos, donde el diputado Erwin Bazán señaló que la expansión de los incendios forestales en Santa Cruz, tienen origen en las tierras, presuntamente dotadas de forma ilegal por el INRA, por lo que pedirá informes por escrito al respecto.
“Que nos informen en detalle sobre la dotación de tierras en el departamento de Santa Cruz. Si estos incendios son en territorios dotados por el INRA, hay responsabilidad y si no lo son, ¿por qué no actúa el Gobierno contra las personas que los provocan?”, cuestionó el parlamentario.
Del mismo modo, el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho señaló que el 85% de los focos de calor se ubican en lugares donde hay asentamientos ilegales.
“El gobierno centralista, a través del manejo político del INRA y la ABT, incumple las normas departamentales al momento de extender dotaciones de tierra o autorizar desmontes”, apuntó Camacho.
Mientras que la directora del Parque Nacional Amboró, Andreina Tolavi, señaló que en esta área protegida que está bajo su tuición se registran diferentes predios titulados, remarcando que se ha hecho “un ruteo ya con los mapas, con las coberturas de 2022 del INRA” y son alrededor de 20 tierras tituladas, “entre 40 a 50 hectáreas cada una”.
Desde el INRA señalan que hay quienes aprovechan cualquier contingencia, para obtener protagonismo político y mediático, acusando sin ningún fundamento a la institución, “que cumple sus funciones de manera profesional y transparente”.