Los incendios no dan tregua en Bolivia y ya se han registrado más de 2 millones de hectáreas afectadas por el fuego, según datos de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT). De esa superficie, el departamento cruceño tiene casi la cuarta parte de los daños registrados a causa de estos siniestros.

Luis Flores, director departamental cruceño de la ABT, informó que se han iniciado 94 procesos administrativos en el departamento cruceño desde el 1 de agosto. Además, indicó que existen procesos penales, incluida una última denuncia que se planteó en Yapacaní, lugar al que se acudió con las respectivas comisiones de fiscalización de la entidad estatal.

Sin embargo, Flores cuestiona que las penas para estos casos son muy leves.

En ese marco, consideró que las sanciones deben ser endurecidas para castigar a los responsables de las quemas ilegales que en ocasiones derivan en incendios forestales que pueden ser difíciles de controlar y que terminan por dejar una gran afectación el medioambiente.

“Nunca lo ha habido (detenidos). En 2021 y 2022 tuvimos procesos penales los cuales se los encontró en flagrancia, se los arrestó, estuvieron ante la Fiscalía y fueron sometidos a un proceso abreviado por lo que tuvieron apenas una sentencia de dos años, por lo cual tuvieron perdón judicial y apenas tuvieron la sentencia de dos años”, lamentó al referirse a esta pena por la que de acuerdo a la norma boliviana, la persona no ingresa a un centro carcelario.

Explicó que el Código Penal, en su artículo 206, estipula de dos a seis años la privación de libertad y “no amerita detención preventiva”, por lo que ahora “yo aplaudo que legisladores ahorita están gestionando para modificar” esta norma y endurecer la pena, porque “no queda otra, y así las personas que cometan el delito de quema ilegal y que se descontrola y se haga un incendio de magnitud estén tras de rejas, porque con esas penas que tenemos ahora, no van a pisar ni la puerta de la cárcel”.

Competencia de tres niveles

El ex ministro de Desarrollo Sostenible, Gustavo Pedraza, señaló que se promocionó de parte del Estado normas que permitieron que áreas forestales se conviertan en agrícolas y que son esas zonas las que ahora están ardiendo.

Al respecto, Flores señaló que zonas agrícolas “hay en todos los lugares en los que se ha otorgado derecho” desde su institución y que esto es “para darnos seguridad alimentaria”, pero que como ABT se emitió una resolución administrativa 177, que paraliza temporalmente la autorización y ejecución de quemas controladas autorizadas.

“Desde el 31 de julio está la paralización, entonces toda quema que realicen ahorita son ilegales, por lo tanto, nosotros como autoridad de bosque, de fiscalización, de control social de bosques y tierra, realizamos nuestra labor que es la de sancionar, fiscalizar y controlar”, apuntó.

Quiénes están quemando los bosques?

Flores señaló que en todas aquellas áreas protegidas también tienen competencia los gobiernos departamentales. Asimismo, las áreas protegidas municipales son de competencia de los gobiernos autónomos municipales. Como ABT, “es importante que coordinemos, que trabajemos en conjunto para que la labor que realicemos entre todos dé su fruto”.

Dijo además que este tipo de casos se deben sancionar, porque “cada uno parece que quiere llevar ‘agua a su molino’, y de esa manera no vamos a dar solución a la población donde está viendo ahorita una humareda que no se puede ni respirar”.

“Aquellos malos ciudadanos, denunciemos, hago hincapié también, que se convierta en control social”, exhortó.

Sobre el fuego en las áreas protegidas, desde la ABT se informa que se han hecho las notificaciones respectivas y que la tuición es compartida con las Gobernaciones.

El funcionario indicó que ya se han instaurado procesos en comunidades campesinas, indígenas y en propiedades privadas.