La bancada indígena en la Asamblea Legislativa de Santa Cruz se sumó ayer al estado de emergencia asumido por representantes de los pueblos Ayoreo, Chiquitano, Guaraní, Guarayo y Yuracaré-Mojeño ante la posibilidad de que aliados del MAS tomen control de sus escaños “vulnerando las decisiones de sus asambleas”.

Así lo explicó Roberto Urañavi, jefe de esa bancada, explicó que son dos asambleístas indígenas “ilegalmente revocados” en lo que va del año. Se trata del representante de los Yuracaré-Mojeño Wilson Cortez y recientemente del asambleísta guaraní, Ramiro Valle. Ambos procesos fueron avalados por el Tribunal Electoral Departamental (TED), pero ahora están en revisión en La Paz, a instancias del Órgano Electoral Plurinacional, según explicó.

“Nos declaramos en estado de emergencia y movilización permanente hasta que nuestras demandas sean atendidas, de lo contrario cada pueblo y nación asumirá medidas correspondientes de manera coordinada”, señala la declaración asumida el viernes por representantes de estos cinco pueblos indígenas. Las demandas pasan por dejar sin efecto procesos contra los legisladores indígenas y la renuncia de la presidenta de TED, María Cristina Claros.

“En el caso del pueblo Yuracare- Mojeño no se instaló la asamblea, no se hizo el procedimiento. Han violado todo el procedimiento. Lo mismo pasó con el pueblo Guaraní. Vemos que existe una intención de querer acallar o violar los estatutos orgánicos de los pueblos indígenas de Bolivia”, explicó el asambleísta Urañavi.

La pugna por el control de la representación indígena está relacionada con la correlación de fuerzas en la Asamblea Legislativa Departamental que cuenta con 28 escaños. El MAS y Creemos tienen a 11 legisladores, mientras que existe una silla para ASIP que inclinó la balanza en favor de la alianza fundada por el gobernador Luis Fernando Camacho.

En este escenario, el apoyo de la bancada indígena de cinco representantes es clave para la toma de decisiones. Los pueblos indígenas son elegidos a través de sus usos y costumbres que se aplican por encima de los tiempos de revocatoria de mandato que fija la Constitución para autoridades electas a través del voto popular y directo.

“Los pueblos indígenas no pertenecemos a ningún color político, solamente respondemos a nuestro derecho de los pueblos indígenas. Esa política es de gestión y gobernabilidad, tanto con el Gobierno nacional como departamental y municipal”, afirmó Urañavi respecto a su postura en el tablero departamental.

El sábado se llevó a cabo la Gran Asamblea del Pueblo de la Nación Guaraní en la provincia Cordillera, en Camiri; se ratificó a Valle, pero hubo otra asamblea “paralela” que lo revocó.

El TED asegura que está dentro de sus competencias hacer seguimiento a las asambleas y mecanismos propios de los indígenas para elegir a sus representantes.