La bancada de Comunidad Ciudadana (CC) informó que está presentando una proposición acusatoria ante la Fiscalía General del Estado, para iniciar el proceso de juicio de responsabilidades contra el presidente Luis Arce, por la restitución en el cargo del ministro Eduardo Del Castillo, a pesar de que fue censurado por la Asamblea.

La denuncia es por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, nombramientos ilegales y otros, indicó el jefe de bancada Enrique Urquidi.

Los opositores explicaron que realizan esta proposición acusatoria, debido a que la Constitución Política del Estado es clara al señalar que la censura de un ministro conlleva su destitución.

Si bien el ministro del Castillo fue censurado, el presidente Arce procedió a su destitución por decreto y, casi de inmediato, volvió a designarlo como Ministro de Gobierno, bajo el argumento de que no existe norma que lo impida.

En medio de esta controversia, existe la sentencia constitucional 020/23 que ratificó la destitución de un ministro censurado, pero que ha generado diferentes interpretaciones sobre si una autoridad censurada puede volver al mismo cargo. Según el Gobierno, dicha sentencia no impide designar a un ministro censurado en el mismo puesto, pero los opositores señalaron que en el propio fallo considera que una censura no tendría sentido si la autoridad vuelve al mismo cargo.

El diputado Urquidi recordó, además, que el mismo Gobierno ya ha presentado un proyecto de ley en el cual se ratifica el criterio de que un ministro censurado no puede volver a ser designado en el cargo.

La diputada Luisa Nayar consideró que el presidente ha decidido vulnerar los preceptos constitucionales, ratificando al ministro que calificó de “chutero”.

“Como último mensaje le decimos a Luis Arce que vaya alistando sus pilchas, porque en Chonchocoro hace frío”, agregó.

Por procedimiento, la Fiscalía General debe analizar la proposición acusatoria, para determinar si emite un requerimiento acusatorio contra el mandatario. En caso de hacerlo, el Tribunal Supremo de Justicia actúa como juez de garantías y se debe solicitar autorización de dos tercios de la Asamblea, para proseguir con el juicio.