El líder de Comunidad Ciudadana y expresidente Carlos Mesa envió una carta a Margaret Satterthwaite, relatora especial de las Naciones Unidas, para denunciar la «autoprórroga» de magistrados del Órgano Judicial.
«Llamo su atención sobre esta problemática, para que, dentro del ámbito de sus funciones, realice la evaluación y recomendaciones que el caso amerite, como una contribución de su institución a Bolivia, para coadyuvar al restablecimiento del orden constitucional y democrático en mi país», expone a la Relatora.
Mesa explica en la misiva que, el pasado 2 de enero del 2024, «los altos magistrados del Órgano Judicial de Bolivia (OJ) rompieron el orden constitucional del país al permanecer en sus cargos, habiendo terminado su mandato de seis años de ejercicio, de acuerdo a nuestra Carta Magna. Este hecho ha generado la más grave crisis de la justicia boliviana en su historia democrática».
Mesa menciona, además, que los magistrados «autoprorrogados» del TCP son parte de un «sabotaje» permanente, junto con el Gobierno, contra la ALP para bloquear y demorar las elecciones judiciales durante 2023.
Asimismo, indica que los magistrados prorrogados del TSJ designaron a 46 vocales de los Tribunales de Justicia Departamentales que, también por el «vicio de origen de quienes emana su designación, carecen de legalidad y legitimidad».
Detalló que en la Constitución Política del Estado (CPE) se establece un plazo de funciones de seis años sin derecho a reelección y con cesación de funciones cuando vence el mandato para las magistraturas judiciales del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Tribunal Agroambiental (TAA) y Consejo de la Magistratura (CM).
«A pesar de estas prescripciones constitucionales, decidieron autoprorrogarse en sus cargos sin tiempo límite», denuncia Mesa y califica el hecho de abuso de poder.
