La Procuraduría General del Estado, durante la administración de Wilfredo Chávez Serrano, se dedicó a “terciarizar” la defensa del Estado y adecuar el perfil profesional a la persona y no así al cargo. Además, los abogados de la institución no operaban en procesos que les correspondía, reveló la actual autoridad, César Siles Bazán. Por estas denuncias, la Procuraduría fue calificada por analistas como una “agencia de empleos”.
“Se volvió una agencia de empleo o una agencia intermediaria para contratar a abogados y estudios jurídicos extranjeros, y obviamente para eso no necesitamos Procuraduría (…) Eso quiere decir que se ha favorecido en el padrinazgo político, la afinidad política, la militancia partidaria para dar pegas antes que reclutar a los mejores abogados, abogados que hay en Bolivia”, afirmó el constitucionalista Carlos Alberto Goitia Caballero.
En contacto con los medios, el procurador Siles lamentó que para los 10 arbitrajes en curso se contrató a bufetes extranjeros, incluso nacionales, cuando algunos de estos “podían haberlo hecho y debían haberlo hecho los abogados de la Procuraduría”.
“Para que están, a lo que me voy, estos abogados de la Procuraduría, hasta el 6 de septiembre que he llegado, estaban únicamente para constituirse en unidad solicitante, para contratar a abogados extranjeros o nacionales externos, estaban para procesar sus pagos, autorizar su pago y convertirse en una especie de unidad administrativa de abogados que litigaban por Bolivia”, dijo Siles.
A su vez, el abogado y periodista Andrés Gómez Vela cuestionó la razón de ser de la Procuraduría, al sostener que se constituyó en un “botín de pegas”. “¿Sirve para algo la Procuraduría? Duplica funciones con el Viceministerio de Transparencia, Contraloría General, Fiscalía y Ministerio de Justicia. Para lo peor, pierde millonarios juicios en tribunales internacionales. Más parece un botín de pegas”, señaló en sus redes sociales.
El diputado por Comunidad Ciudadana (CC) Marcelo Pedrazas, que denunció un daño económico al Estado por más de 600 millones de dólares, producto de la pérdida de arbitrajes, calificó a la Procuraduría de inservible. “Por una parte, la Procuraduría General del Estado es una institución inservible, porque si ustedes ven no ha ganado ningún juicio ni de manera arbitral ni tampoco en la conciliación”, afirmó.
Evaluación El procurador Siles, en su evaluación de las áreas que compete a la entidad, litigios internacionales, defensa en el ámbito nacional, además de la competencia legal, que es la producción normativa y otros, señaló que no hubo avances.
“Hubiese priorizado esta área tercera, porque esta área tercera te daba los insumos para ir o no a un litigio, para saber o no los efectos negativos”, dijo. Asimismo, afirmó que identificó procesos en los que ya no se requería la intervención de la Procuraduría, debido a que ya litigaban otras instituciones del Estado. Bolivianizar la defensa En ese contexto, Siles manifestó la necesidad de “bolivianizar la defensa del Estado”, pero no pensar en la Procuraduría que es el abogado del Estado.
“Tenemos que pensar también en que otras instituciones, las unidades jurídicas, el Estado y la sociedad en su conjunto, debemos defender el Estado. Tenemos que hacer una Procuraduría que lidere la defensa del Estado y acompañar a las instituciones competentes”, señaló.
Razón de ser El constitucionalista Goitia Caballero aseguró que la Procuraduría es como una suerte de “staff de élite del Estado boliviano para encarar los procesos, porque las direcciones jurídicas de cada una de las entidades públicas terminaban frágiles frente a procesos significativos”.
“La Procuraduría que debería ser ese estudio jurídico de élite para defender al Estado no tenía la capacidad, no tenía personal, no tenía la posibilidad de asumir la defensa de estos procesos. Es, para mí, simplemente una vergüenza, además escandalosa, lo que no quiere decir que para temas puntuales deba acudir a algún especialista en alguna particular circunstancia o particular opinión”, indicó.
Adecuación de los perfiles para cargos
El procurador César Siles Bazán indicó que en la revisión de los perfiles de los cargos se evidenció que “estos eran adecuados a las personas y no así a los requerimientos” de la institución. “En la Procuraduría son 180 ítems que tenemos a nivel nacional, y los perfiles, lo contrario a lo que dice la norma básica de personal, están adecuados a la persona, no son perfiles adecuados a las funciones y a las necesidades de la Procuraduría, están adecuados a las personas. Doy un ejemplo, un director departamental de Pando que tiene la misma importancia y que tiene la misma función que el director departamental de Santa Cruz son diferentes perfiles.
A uno le piden cinco años de experiencia profesional y a otro le piden un año, algo totalmente errado”, dijo.
