Un día después de la realización del Cabildo, organizado por el Pacto de Unidad, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, cuestionó los ataques que se hicieron en contra de Evo Morales y que, por el contrario, se debió pedir la extradición del exmandatario Gonzalo Sánchez de Lozada como uno de las puntos del manifiesto.
El legislador del ala “evista” pidió a los diferentes dirigentes de organizaciones sociales reflexionar sobre las posiciones que se asumen al continuar con las críticas a los líderes del Movimiento Al Socialismo (MAS), lo que profundiza la división.
“Podemos estar en cierta disputa en este momento, pero el enemigo no es el compañero Evo, es importante que nuestros hermanos reflexionen. Estemos en una ala, en otra ala, estemos en una línea o otra línea dentro de la estructura del MAS, no podemos seguir coincidiendo con las pretensiones de las fuerzas extranjeras que lo que quieren es hacernos pelear entre nosotros”, reflexionó.
Recordó el valor histórico de Morales dentro del movimiento indígena y también valoró la “valentía” del presidente Luis Arce al asumir conducción del país tras la crisis de 2019 durante el gobierno de Jeanine Añez.
En el denominado “Manifiesto Político del Gran Cabildo del Pueblo” de este martes en Cabildo del Pacto de Unidad, que apoya el Gobierno, se aprobaron 19 puntos en que se trazan acciones para reencausar el MAS y diferentes tareas para los órganos Ejecutivo, Legislativo, Judicial y Electoral.
Sin embargo, Rodríguez observó que no se haya tomado en cuenta algún punto relacionado a la extradición del expresidente Gonzalo Sánchez de Lozada por los hechos luctuosos de hace 20 años luego de que estallará la «Guerra del Gas».
“Hubiera sido ideal que, por lo menos, en el último punto se hubiera adicionado por el día de la dignidad del pueblo boliviano la extradición del expresidente (Sánchez de Lozada), en ese entonces, que asesinó a tantos compatriotas, (pero) no se habló nada, no se habló nada de los verdaderos enemigos”, cuestionó.
La denominada «Guerra del Gas» estalló en el país en 2003 en rechazo a un plan del Gobierno para exportar gas natural a Estados Unidos a través de un puerto chileno. Este hecho derivó en su renuncia, luego de la muerte de más de 60 personas en el llamado «octubre negro».