Según un comunicado del Ministerio de Gobierno, las declaraciones vertidas por el fiscal departamental de Oruro, Aldo Morales, sobre el hallazgo de las 7.2 toneladas de cocaína en Oruro conllevaron a que el principal acusado, y representante de la empresa involucrada, pueda salir de territorio nacional.

El documento especifica que ya el 11 de marzo se tenía el primer contenedor en el deposito aduanero en Pisiga, el 13 marzo el segundo y el 14 de el tercero.

“Hasta entonces se mantuvo toda la información y la investigación en reserva, teniendo identificado al propietario y a sus posibles vínculos”, señala el comunicado.

El reporte del Ministerio de Gobierno señala que el propietario identificado como Ronald B. V., se puso a buen recaudo supuestamente tras la filtración y señalan que la prueba es que el hombre envió un mensaje a su esposa, aunque no se especifica cómo obtuvieron ese mensaje.

“El negocio se cayó”, es el supuesto mensaje que el Ministerio de Gobierno le atribuye a Ronald B. V., que le envió a su esposa, antes de salir de Santa Cruz rumbo a Brasil y posteriormente llegar hasta Estados Unidos.

Del mismo modo, el reporte ministerial refleja que el socio de este sujeto, de nombre Dany Alberto U.B., se constituyera vía terrestre hasta el municipio cruceño de Puerto Suárez para salir del país el día sábado 16 de marzo, dándose a la fuga vía Brasil a EEUU.

El Gobierno apuntó que el fiscal Morales negó la acusación de “presunta filtración de información” en el reciente operativo efectuado por las fuerzas del orden donde se secuestró la droga.

“La investigación de este caso proviene desde noviembre de la gestión pasada, cuando se descubrió que la empresa realizaba exportaciones de chatarra con destino a Europa. Desde ese entonces se iniciaron con las investigaciones acerca de este hecho de narcotráfico”, reza el reporte del Ministerio, desde donde acotan que a partir de 11 de marzo se empezaron a identificar los contenedores donde fue hallada la droga.

Hasta ese entonces se mantuvo toda la información y la investigación en reserva, teniendo identificado al propietario de la empresa y sus posibles vínculos, así como también se advirtió la existencia de un cuarto contenedor que se encontraba registrado y que tenía que arribar a la frontera de Pisiga para su exportación en los siguientes días, tema que fue exteriorizado por el fiscal.

“Después de la filtración, cuando se realizó el allanamiento al galpón donde almacenaban la chatarra lo encontraron vacío. Asimismo, se canceló la carga del cuarto contenedor la cual podía haber seguido su curso, procediendo a su inspección y al estar contaminada también con sustancias controladas, se hubiera realizado el mayor secuestro de droga de la historia boliviana”, advierte el comunicado.

En este sentido, concluyen que la filtración de la información no permitió la conclusión del operativo que fue preparado por las fuerzas especializadas desde noviembre de la gestión pasada y señalando que la negación del fiscal no es veraz.