El informe psicológico emitido por la Defensoría de la Niñez y remitido a la Fiscalía Departamental de Santa Cruz menciona a un segundo niño como posible víctima de un grupo de estudiantes que lo habrían agredido sexualmente, todos del mismo colegio.
El Ministerio Público informó el martes que investiga la denuncia de una presunta agresión sexual al interior de una unidad educativa privada en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra y que una comisión de fiscales ya trabaja en la investigación del caso. Este mismo día se secuestraron cámaras y documentos en el lugar, además que se prepara la citación a miembros del plantel docente.
Los agresores mencionados en la denuncia aún no han sido identificados. La fiscal Giovana Castro mencionó el miércoles que al ser el denunciante y los investigados menores de edad el caso ha sido declarado en reserva.
La fiscal informó que la denuncia es de una sola víctima y los denunciados son de cursos superiores. “Los datos señalan que el hecho se habría producido dentro de la unidad educativa”, agregó.
Juan Carlos Honor, jefe del Departamento de Género de la Defensoría de la Niñez, señaló que las cámaras de seguridad del establecimiento fueron secuestradas este viernes y que estos dispositivos ya están en manos de la Fiscalía.
“No se tiene identificado a los agresores y se están realizando los actos investigativos, hoy se ha secuestrado la cámara de seguridad con los discos duros que nos van a dar las imágenes de los agresores”, señaló Honor en conferencia de prensa.
El funcionario confirmó que existe una sola denuncia formal por el caso, pero son dos las víctimas identificadas.
El representante de la Defensoría recalcó que este caso se procesa en el marco de la ley 548 que señala que los procesos en los que las víctimas o los denunciados son menores de edad se deben mantener en reserva.
Además se recordó que Código Niño, Niña Adolescente, señala en su artículo 144, parágrafo III, que “cuando se difundan o se transmitan noticias que involucren a niñas, niños o adolescentes, los medios de comunicación están obligados a preservar su identificación, así como la de su entorno familiar, en los casos que afectare su imagen o integridad”.