Tras la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de prorrogar las funciones de las autoridades judiciales, esta instancia fue blanco de críticas, anuncios de juicios de responsabilidades, acusada de atentar contra la democracia y promover el camino hacia autoritarismo, pero sin contemplar el fracaso de la Asamblea Legislativa en llevar adelante las elecciones judiciales, por lo que habría incurrido en “incumplimiento de deberes”, sostienen analistas.
Expresidentes, asambleístas nacionales y analistas, entre otros, apuntaron sus dardos contra los miembros del TCP por haber determinado dar continuidad al mandato de los magistrados y consejeros hasta que el Legislativo cumpla con sus funciones de elegir a las nuevas altas autoridades del Órgano Judicial y del TCP.
El punto 4 de la Consideración Final de la Declaración Constitucional Plurinacional 0049/2023 señala: “Se dispone la prórroga de mandato de las autoridades del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional en actual ejercicio, de manera excepcional y temporal, hasta que se elijan y posesionen a las nuevas autoridades, fruto de la preselección desarrollada por la Asamblea Legislativa Plurinacional y del proceso electoral llevado a cabo por el Órgano Electoral Plurinacional; conforme al marco contenido en la Constitución Política del Estado y conforme a lo razonado en la presente Declaración Constitucional Plurinacional”.
En el 5 punto, exhorta a la ALP cumplir sus funciones y atribuciones constitucionales en cuanto a la preselección de las candidatas y los candidatos a los altos cargos del Órgano Judicial y TCP.
“Es una burla del poder político. Los propios parlamentarios son los que deberían juzgarse, son ellos los que han metido la pata. (…) Sus amenazas de juicio son el pretexto para ocultar su fracaso. El Legislativo no ha tenido la capacidad de llevar el proceso de las judiciales”, criticó el constitucionalista Carlos Alberto Goitia.
Expresidentes
El expresidente Eduardo Rodríguez Veltzé, a través de su cuenta de X, señaló que la “declaración Constitucional 049/23 (…) resulta ilegítima e inconstitucional. TCP no veló por la supremacía de la Constitución en control de constitucionalidad. TCP excedió su competencia al ‘disponer’ prórroga de su propio mandato, expresamente limitado por la Constitución que sanciona con nulidad actos de quienes usurpan funciones fuera de la ley”.
A través de la misma red social, el expresidente Carlos Mesa señaló que “el TCP acaba de darle un golpe a la democracia, al Estado de derecho, a la CPE; ha decidido autoprorrogarse en un mandato que termina en enero de 2024. Es imprescindible que el poder legislativo abra un juicio de responsabilidades contra los autores de este verdadero atentado”.
Magistrados apoyan al TCP
Los magistrados del Tribunal Agroambiental consideran que la ampliación del mandato dispuesta por el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) evitará la ruptura institucional y un vacío de poder en los altos tribunales de justicia del país. “La prórroga evita la ruptura institucional y la generación de un vacío de poder que son contrarios al Estado Constitucional de Derecho”, dijeron.
Oficialistas y opositores sin lograr acuerdos
El encuentro entre la oposición y oficialistas de la Asamblea Legislativa en la búsqueda de viabilizar las elecciones judiciales fracasó ayer debido a que el Movimiento Al Socialismo (MAS) elude la propuesta de instaurar juicio de responsabilidades contra los miembros del TCP que definieron prorrogar su mandato y sólo pretende acordar un proyecto para las judiciales.
“No tuvieron los pantalones para decir ‘hagamos un acuerdo y un juicio de responsabilidad’. Entre las tres fuerzas políticas estuvimos de acuerdo en que lo que hicieron los del TCP no está de acuerdo con la Constitución, pero, al momento de asumir la responsabilidad y hacer respetar al Legislativo, no tuvieron los pantalones y dicen que van a consultar a las bases”, dijo el jefe de bancada de Creemos en el Senado, Henry Montero.
El representante de Comunidad Ciudadana, Guillermo Seoane, aseguró que como oposición activarán las acciones respectivas contra los miembros del TCP.