Mediante un comunicado, una semana después de los hechos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) expresó su condena al levantamiento militar del jueves 26 de junio en la plaza Murillo de La Paz, algo que denominó “intento de golpe de Estado por parte del Ejército de Bolivia”.
El pronunciamiento surge en medio de un debate en el país sobre si lo ocurrido fue un “intento de golpe” de un grupo de militares o un “autogolpe” preparado por el gobierno de Luis Arce.
Según la CIDH, “un sector del Ejército de Bolivia movilizó vehículos militares y ocupó espacios públicos en La Paz, específicamente, en la Plaza Murillo” con el objetico de “derribar al gobierno democráticamente electo e instalar un nuevo gabinete”. “En este contexto, un tanque derribó la puerta del Palacio Quemado, sede del Órgano Ejecutivo”, agregó.
Resaltó el rechazo de la comunidad internacional a la insubordinación militar y la reacción de actores gubernamentales y sociales que anunciaron movilizaciones en contra de la insurrección militar.
El organismo también llamó al “inmediato e irrestricto respeto de la institucionalidad democrática, al mantenimiento del orden constitucional y a la protección de los derechos humanos”.
“La Comisión Interamericana observa que las acciones provenientes de un sector de las Fuerzas Armadas atentaron contra los principios democráticos reconocidos constitucionalmente por el Estado Plurinacional de Bolivia”, agregó.
