El Tribunal Supremo Electoral (TSE) recibió este lunes el respaldo del Ejecutivo, el Legislativo y las organizaciones políticas para proseguir con los preparativos de las elecciones judiciales, pese a la sentencia que emitió el pasado jueves el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP). La cumbre del ente electoral, que se celebró en La Paz, acordó “rechazar” ese fallo y “reafirmar” la realización de la totalidad de las judiciales el 15 de diciembre. El ente electoral, sin embargo, pidió al Legislativo un “pronunciamiento inmediato” contra la sentencia del TCP, que declaró desiertas las convocatorias para el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) en los departamentos de Beni y Pando, y para el propio TCP, en Pando, Cochabamba, Santa Cruz, Beni y Tarija.
Al “Segundo Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia”, que fue convocada por el TSE, asistieron representantes del Ejecutivo, el Legislativo, además de las organizaciones políticas con personalidad jurídica vigente. Tras un debate de alrededor de cinco horas, los asistentes acordaron cerrar filas en torno al TSE a fin de que la entidad electoral continúe con la organización de las elecciones judiciales.
“Se reafirma la realización de las Elecciones Judiciales el 15 de diciembre de 2024, con la finalidad de renovar a todas las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco constitucional y legal vigente en el país, por lo cual se rechaza la Sentencia Constitucional Nro. 0770/2024-S4 toda vez que incurre en una flagrante violación del principio de preclusión, que es un principio fundamental sobre el cual se asienta el sistema electoral boliviano”, se lee en la declaración conjunta que emitieron a la finalización del encuentro.
En el documento, también expresan su “respaldo” al TSE “en todas las acciones que se ejecuten para garantizar” las elecciones judiciales “de manera íntegra” el 15 de diciembre y “ratifican la “plena vigencia” de la Ley 1549 Transitoria para las Elecciones Judiciales 2024.
Sin embargo, no hubo luz verde a la “ley corta” que quería el TSE para “blindar” los comicios. La cumbre la descartó debido a que no se garantizaba su aprobación ante el conflicto interno que persiste en la Cámara de Diputados por la polémica elección de Omar Yujra, según reportes de prensa de La Paz.
A cambio de eso, en su declaración, la cumbre acordó “requerir” a la Asamblea Legislativa Plurinacional “la emisión de un pronunciamiento inmediato, rechazando la Sentencia Constitucional Nro. 0770/2024-S4”.
Respaldo
El vicepresidente David Choquehuanca afirmó que el Gobierno y su despacho acompañarán el proceso electoral a fin de garantizar las elecciones judiciales en la fecha prevista. Agregó que los comicios son una “responsabilidad de todos” y que “este proceso no puede detenerse”, según un boletín de la Vicepresidencia.
“La Asamblea tampoco ha sido notificada como tercero interesado, por lo que la sentencia (del TCP), formalmente, no surte efecto, respecto al Órgano Legislativo, al no ser parte interviniente”, apuntó el segundo mandatario, que defendió, además, que la Constitución otorga al Legislativo la atribución de preseleccionar a los candidatos para las judiciales. En ese sentido, subrayó que declarar como desierta una convocatoria de esa naturaleza es una atribución exclusiva del Legislativo, de acuerdo con el Artículo 38 de la Ley 1549, y no de una sala constitucional. “Cuando un poder esté subordinado a otro poder, ese país está perdido”, señaló.
El presidente del Senado, Andrónico Rodríguez (MAS), por su parte, dijo que “reiteramos nuestro respaldo para que se garantice el derecho de los bolivianos a elegir a sus autoridades judiciales”, en una publicación en sus redes sociales.
“Ahora corresponde al TSE llevar adelante el proceso electoral en su totalidad, con el respaldo de la Ley y el compromiso de los órganos del Estado, asegurando que este proceso avance conforme a nuestro marco democrático”, agregó.
El expresidente y líder de CC Carlos Mesa, quien también asistió a la cumbre del TSE, destacó que ,de manera “unánime” y “comprometida”, se ha acordado “garantizar” las elecciones judiciales, tal como “lo manda la Constitución, las leyes, y como lo espera el pueblo al que nos debemos”.
“Es hora que la democracia, con sus instrumentos e instituciones, se imponga por sobre los intereses espurios y sectarios de un grupo de autoprorrogados sin legitimidad”, posteó en sus redes sociales.
El delegado de Creemos, Zvonko Marinkovic, por su parte, dijo que lo que toca ahora es que los asistentes a la cumbre “cumplan con lo que se ha firmado” y destacó que la realización de las elecciones judiciales en la fecha prevista es un paso fundamental para “garantizar” la elecciones de 2025.
EVO NO ESTUVO
El expresidente y jefe del MAS Evo Morales no asistió al encuentro del TSE por “falta de garantías”, según indicó el vicepresidente del Movimiento Al Socialismo (MAS), Gerardo García, quien asistió al evento en su lugar.
No obstante, García abandonó la reunión cerca del mediodía. “Nos estamos retirando, vamos a presentar un documento ante el Tribunal Electoral, firmado políticamente”, se excusó.
Sin embargo, anticipó que la bancada del ala evista del MAS respaldará la prosecución de la totalidad de las elecciones judiciales y no solo una parte. “Saludamos y felicitamos al Tribunal Electoral por su decisión de que las elecciones judiciales se lleven adelante. Nosotros vamos a coordinar con nuestros legisladores para ver cómo vamos a trabajar, para que se puedan respaldar plenamente las elecciones judiciales, pero de manera unánime, no fraccionanda”, aseguró García.
LLAMADO
La Procuraduría General del Estado, en un comunicado, invocó “a los Órganos de Poder a asegurar la independencia y transparencia en la justicia, con la realización de las elecciones judiciales previstas para el 15 de diciembre próximo”.
SEGUNDA DECLARACIÓN POR LA DEMOCRACIA
1
Se reafirma la realización de las Elecciones Judiciales el 15 de diciembre de 2024, con la finalidad de renovar a todas las autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional en el marco constitucional y legal vigente en el país, por lo cual se rechaza la Sentencia Constitucional Nro. 0770/2024-S4 toda vez que incurre en una flagrante violación del principio de preclusión, que es un principio fundamental sobre el cual se asienta el sistema electoral boliviano.
2
El Vicepresidente del Estado Plurinacional, el representante del Órgano Ejecutivo, el Presidente de la Cámara de Senadores, el Presidente de la Cámara de Diputados y los representantes de las organizaciones políticas, expresan el respaldo pleno al Tribunal Supremo Electoral en todas las acciones que se ejecuten para garantizar las Elecciones Judiciales de forma integra, a realizarse el 15 de diciembre de 2024.
3
A fin de blindar las Elecciones Judiciales en las condiciones, alcance y plazos previstos, se ratifica la plena vigencia de la Ley Nº 1549 de 6 de febrero de 2024.
4
Se ratifica el deber y la responsabilidad de todos los órganos del poder público y de las organizaciones políticas, de garantizar la realización de procesos electorales con integridad, esto es, seguros, transparentes, plurales, competitivos y con la más amplia participación cludadana.
5
El Órgano Ejecutivo debe garantizar los recursos económicos necesarios ya presupuestados para la ejecución de las Elecciones Judiciales, así como la posesión de las autoridades electas en el citado proceso.
6
Requerir de la Asamblea Legislativa Plurinacional la emisión de un pronunciamiento inmediato rechazando la Sentencia Constitucional Nro. 0770/2024-S4.
7
Considerando las responsabilidades que lleva adelante el Tribunal Supremo Electoral, es importante considerar la modificación de la Ley Nº 044 incluyendo en sus disposiciones a los, Vocales del Tribunal Supremo Electoral.
Cuestionan decisiones de Cumbre: “Las soluciones apuntan al caos”
Dos abogados analistas y una exautoridad del MAS ‘evista’ coincidieron, por separado, en criticar los resultados de la Cumbre política de este lunes en La Paz.
Para Germán “Chunka” Gutiérrez, “las soluciones apuntan al caos. No se ha resuelto nada, es impugnable el documento formado; me llama la atención que las dos reuniones en el TSE sean para vulnerar la ley”.
En su criterio, “lo que deberían haber hecho entre todos es iniciar un juicio de responsabilidades a la Sala Cuarta del Tribunal y tratar de reponer en algo la normalidad jurídica. Hicieron lo contrario, contribuyeron a la incertidumbre y, al desconocer un fallo constitucional, cometieron delito”.
Arturo Yáñez, expresidente del Colegio Nacional de Abogados de Bolivia (Conalab), señaló por su parte que “para decir lo mínimo, la decisión de la clase política, así sea por unanimidad, para ‘meterle nomás’ las elecciones judiciales, es altamente riesgosa, pues en un Estado sujeto al imperio del Derecho, las nulidades no debieran operar de facto sino de Derecho, lo que lamentablemente en el caso concreto debe ser demandado y declarado jurisdiccionalmente, paradójicamente, ante los mismos magistrados truchos del TCP y requiere de un tiempo que no cuadra con la urgencia de las elecciones”.
También dijo que “es imposible obviar que la sentencia constitucional que suspende parcialmente las judiciales ha sido emitida por exmagistrados sin jurisdicción ni competencia, porque les cesó el año pasado. Hay posturas respetables de colegas que sostienen que esa sentencia, al ser nula, no nació al tráfico jurídico y, por tanto, no sería necesario demandar su nulidad”.
“(…) Con todo, es inaudito que haya un acuerdo político de esa naturaleza para salvar los trastos para, aunque sea, realizar las elecciones judiciales, que es un sistema demostrablemente fracasado. La salida es una de las peores pruebas de la anomia institucional que padece nuestro pobre país”, agregó.
La exministra de Salud Gabriela Montaño, de la línea ‘evista’ del MAS, opinó lo siguiente en su cuenta de X: “No es posible escoger fallos, ni para el TSE, ni para ningún otro Órgano del Estado. Si no se cumple el fallo sobre las elecciones judiciales proveniente del TCP, pues no se deberá reconocer ningún otro”.
“El TSE no puede hacer acuerdos políticos con las organizaciones que supervisa para no acatar un fallo del TCP. Es como si el TSJ hiciese un acuerdo con la asociación de deudores para no respetar la ley y que no paguen. Surrealismo puro y duro”, observó, por su parte, el exjefe del MNR, Edurado Siles, en su cuenta de X.
