La defensa legal de la expresidenta Jeanine Añez está tramitando una «salida humanitaria» de la cárcel de Miraflores para que pueda asistir al sepelio de su madre, Eligia Chávez Cabrera, quien falleció este miércoles en la ciudad de Santa Cruz a la edad de 95 años.

«Ya se han realizado solicitudes de salida judicial en cada uno de los procesos que se le están siguiendo a la exmandataria. En este caso, se mandó una solicitud para asistir al entierro de su madre», dijo el abogado Luis Guillén.

La defensa solicitó una salida para el jueves 21 de marzo, día en que será enterrada la madre de Añez, según sus abogados.

«Se encuentra parte del equipo de la defensa en el penal de Miraflores a efecto de conversar con la mandataria para coordinar estas acciones», añadió Guillén.

En caso de que la justicia otorgue a la expresidenta una «salida humanitaria», la dirección de Régimen Penitenciario deberá ser notificada para ejecutar este procedimiento judicial.

«Una vez dispuesta una orden judicial, se coordinará ya con Régimen Penitenciario y, a efectos de ver si es que se hace viable un traslado a la exmandataria», explicó Guillen.

Por su parte, Carlos Mesa mencionó en la red social X que la madre de Áñez «fue gravemente afectada por el encarcelamiento ilegal y arbitrario de su hija» y que en orden al derecho humanitario el Gobierno de Luis Arce debe permitirle asistir al sepelio para que pueda «darle su último adiós».

Jeanine Añez asumió el 12 de noviembre de 2019 el mando interino del país como segunda vicepresidenta del Senado, dos días después de la renuncia del entonces presidente Evo Morales y de todos los funcionarios en línea de sucesión presidencial.

El pasado 13 de marzo, Añez cumplió tres años detenida por los hechos que desencadenaron la crisis política y social en Bolivia en 2019.

A mediados de 2022, fue condenada a 10 años de prisión en el caso «golpe de Estado II», por resoluciones contra la Constitución e incumplimiento de deberes por situarse ilegalmente en la línea de sucesión presidencial.

Además, afronta otros procesos judiciales por la crisis de 2019 y por diversas acciones que tomó durante su Administración interina, entre estos, un juicio por la muerte de una veintena de civiles, el cual se desarrolla por la vía ordinaria.

La exmandataria siempre ha reclamado un juicio especial de responsabilidades en el Parlamento por su condición de expresidenta y ha cuestionado que siete procesos en su contra se desarrollen por la vía ordinaria.