El Tribunal Supremo de Justicia informó este martes que existen 467 personas declaradas en rebeldía en Bolivia, en casos que involucran agresiones y abuso sexual en contra de mujeres y menores de edad.

El dato toma relevancia luego de que en la última semana se lamentó la muerte del pequeño José Andrés Serrudo, que fue víctima de Ruddy Yáñez, un sujeto que tenía dos procesos por intentos de violación y que, pese a que tenía mandamiento de aprehensión y fue puesto incluso ante la justicia, no fue enviado a prisión.

ncluso, el ministro de Justicia, Iván Lima, identificó que hubo ineficiencia en el sistema penal en los procesos previos que seabrieron contra Ruddy Yáñez, el hombre que agredió sexualmente al pequeño niño y que terminó asesinándolo.

En el detalle expuesto por la autoridad, manifestó que un primer caso se inicia el 24 de diciembre de 2017 y que, entre ese año y 2023 “el sistema penal no solo no es eficiente para no lograr una sanción, sino que le otorga una serie de medidas a favor de la persona acusada del crimen”.

“Tienes dos declaratorias de rebeldía y no había ninguna ejecución de esos mandamientos. Se le ha entregado de parte del poder judicial a la Fiscalía los mandamientos de aprehensión en 2021 y 2022 y durante este tiempo no se han ejecutado, y lo más grave, no se ha notificado al registro judicial de antecedentes penales”, dijo Lima.

Yáñez estaba siendo juzgando por una tentativa de violación de una menor de 14 años, indicó el ministro, y esto no se le informa al registro de antecedentes penales siendo que había una declaratoria de rebeldía desde el año 2021.

El dato

“Existen 467 personas declaradas rebeldes en este tipo de causas y en su momento sostuvimos que estos individuos que decidieron no someterse a una investigación, a un proceso, constituyen en este momento un peligro para nuestros niños, mujeres e infantes, porque se trata de personas que han sido acusadas de agresiones sexuales, de violencia contra niños y mujeres”, enfatizó Ricardo Torres, presidente del TSJ.

Tórres remarcó también que la ley faculta a diversas instituciones para realizar la fiscalización de las autoridades judiciales que cumpliesen sus deberes o hagan omisión del cumplimiento de las mismas cuyas decisiones, después, terminen por incidir en hechos que incluso lleven a muertes violentas.

Una de estas instancias es el Ministerio Público, resaltó el presidente del TSJ, que puntualiza esta institución puede realizar las investigaciones para aquellos jueces que no cumple con sus funciones, tarea que también puede ejecutar los parlamentarios miembros de la Asamblea Legislativa Plurinacional pues están facultados para ejercer la fiscalización a cualquier funcionario público y órgano del Estado.

“Existen las autoridades y los órganos llamados por ley para llevar adelante las investigaciones de omisiones o el encubrimiento de deberes de autoridades que repercuten en hechos delictivos como el conocido en días pasados”