La Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Confederación Sindical de Trabajadores de la Prensa de Bolivia (Cstpb), se declararon en emergencia este lunes ante el tratamiento del proyecto de Ley 305 que atenta contra la Ley de Imprenta en un “artículo mordaza”.

En ese sentido, enviaron una carta al vicepresidente David Choquehuanca para exigir que se elimine el párrafo III del Artículo 281 y que se excluya a los periodistas de la figura penal de difusión e incitación al racismo o a la discriminación en el citado proyecto, debido a que suprime la garantía constitucional de los tribunales de imprenta.

“Nos declaramos en estado de emergencia hasta que se atienda favorablemente la petición señalada, advirtiendo que no podemos permitir que se continúen vulnerando los derechos que nos asisten, con normas que pretenden destruir las bases elementales que garantizan el ejercicio de nuestro lado”, señala la misiva.

El artículo III del Proyecto de Ley 305/2023 “Ley de Cumplimiento de Compromisos Internacionales en Materia de Derechos Humanos” establece que: “cuando el hecho sea cometido por una trabajadora o un trabajador de un medio de comunicación social, o propietario del mismo, no podrá alegarse inmunidad ni fuero alguno».

“Nos alarma que una vez más se pretenda penalizar el trabajo de la prensa, aduciendo para ello el cumplimiento de acuerdos internacionales sobre derechos humanos, cuando en ningún tratado, convenio o acuerdo, se establece la criminalización de la actividad periodística como condición para el ejercicio y garantía de los derechos ciudadanos”, refiere la carta de los periodistas a Choquehuanca.