El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, reveló este viernes que el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, registra a la fecha un peso de 54,9 kilos. En ese marco, dijo que de acuerdo con los reportes a los que accede, “no amerita una salida de emergencia” de la autoridad cruceña.
La información surge precisamente en medio de las denuncias sobre el estado de Camacho, quien apareció en su más reciente audiencia con señales de pérdida de peso y notablemente demacrado.
Limpias indicó que Camacho pesaba 62 kilos cuando fue detenido, a fines diciembre de 2022 y ahora pesa 54 kilos y 900 gramos.
“Teníamos como registro ese antecedente, cuando ha ingresado al centro penitenciario el registro que tenemos era 60 kilos (…) hoy en día tenemos 54 (kilos) 900 (gramos) como estamos aseverando”, señaló.
“Entonces, desde que ha entrado al centro penitenciario son 5 kilos y 100 (gramos) que habría perdido”, añadió.
La familia, la Gobernación cruceña, sus abogados y actores políticos lanzaron la alerta sobre el posible deterioro de la salud del gobernador Camacho, que recibe un complejo tratamiento debido a su enfermedad.
“Negarle la salud a un preso político es, en la práctica, ejercer tortura”. Esa es la postura de la familia del gobernador cruceño, que denunció este jueves que las autoridades penitenciarias frenan la atención especializada que requiere la enfermedad que enfrenta la autoridad regional.
Luis Fernando Camacho Parada, hijo del gobernador, leyó un comunicado en el que exige que se permita que Camacho acceda a una evaluación integral en un centro especializado a cargo de una junta médica y por especialistas designados por su familia.
Régimen Penitenciario
Limpias volvió a rechazar esas denuncias y dijo que a la fecha no recibieron una orden judicial para permitir la salida del gobernador hasta un centro de salud.
No obstante, admitió que su despacho recibió solicitudes, pero indicó que sin una orden del juez ese pedido no se puede cumplir y apuntó a la defensa de Camacho sobre este trámite.
“No hemos tenido conocimiento de la decisión judicial”, dijo.
“Cuando hay una emergencia, la ley faculta a la administración penitenciaria, pero de acuerdo a los partes médicos, los reportes, los controles diarios no amerita una salida de emergencia”, señaló.
La familia considera que Camacho fue llevado a Chonchocoro sin considerar que padece una enfermedad compleja y debe ser evaluado en un centro especializado, por una junta médica.
En ese sentido, la familia considera que Camacho es víctima de una “tortura”.
La defensa y sus colaboradores anunciaron acciones judiciales y una campaña inclusive internacional para conseguir pronunciamientos que allanen su salida de Chonchocoro hasta un centro de salud.
Apoyado una visita de delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al penal donde está recluido Camacho desde el 30 de diciembre de 2022, Limpias dijo estar dispuesto a someter a la institución que dirige a una auditoría.
“La CIDH ha tenido una visita a Chonchocoro, ha podido interactuar con el privado de libertad, ha podido tener acceso al historial médico y clínico por parte de sus especialistas y expertos que han llegado y, en ese sentido, nosotros estamos dispuestos en cualquier momento a una auditoría”, señaló Limpias.
