El Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD) de la ONU exigió al Gobierno de Luis Arce acelerar el proceso de la reforma judicial en el país, además señala que la justicia no es accesible para las personas de bajos recursos y que no atiende la demandas de los pueblo indígenas. El investigador senior de la Human Rigths Watch (HRW), César Muñoz cuestionó al Arce y dijo que no escucha los pedidos que hacen los organismos internacionales.

«Acelere el proceso de reforma del sistema judicial, asegurando y protegiendo la plena autonomía, independencia e imparcialidad de los jueces y fiscales y garantizando su actuación libre de presiones e injerencias de conformidad con los principios básicos relativos a la independencia de la judicatura y se garantice de que está en condiciones de proteger a las víctimas de discriminación racial», se lee en un documento al que Brújula Digital accedió.

Asimismo, el CERD manifestó su preocupación por los distintos informes que señalan que en Bolivia existe serios problemas «estructurales de larga data en el sistema de justicia, como la falta de independencia, presupuesto inadecuado», entre otros casos más.

En diciembre de 2023, los magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) extendieron su mandato hasta que se realicen nuevas elecciones judiciales pese a que el 2 de enero debieron ser alejados de sus cargos.

El Comité de la ONU también señaló que el país no garantiza el derecho de los pueblos indígenas a la consulta y consentimiento previo e informado. Además indicó que en el 2022, la pérdida de bosques fue de niveles récord en el país.

«Los defensores de derechos humanos, en particular líderes indígenas, se enfrentan a ataques y persecución judicial, afirma el comité. El gobierno debería atender las recomendaciones de este organismo especializado para mejorar la situación de derechos humanos en el país», escribió Muñoz en su cuenta X.

Agregó que lo que falta para hacer la reforma judicial es la voluntad política de las autoridades.

«El informe pone de manifiesto que hay una injerencia política y no ofrece acceso adecuado a persona comunes. Es un sistema judicial es vulnerable a la manipulación y las personas con poder pueden obtener lo que quieren. Bolivia necesita una justicia imparcial», señaló Muñoz a Brújula Digital.