Riberalta vive momentos difíciles. El municipio beniano amaneció con su aeropuerto tomado por pobladores que están protestando por la forma en cómo se detuvieron a balseros en un operativo que se realizó ayer en el río Madre de Dios en contra de la extracción ilegal de oro. Las cooperativas mineras en la zona se declararon en emergencia y acusan al Gobierno de vulnerar sus derechos. Mientras, un diputado de oposición anunció que acudirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por este hecho.

La presidenta de la cooperativa minera Asobal, Elizabeth Coronado, denunció que las balsas que fueron quemadas en el operativo tenían los papeles en orden y descartó que sus afiliados que ahora están aprehendidos realicen actividades ilícitas en el río Madre de Dios. La cooperativista anunció que su organización se declara en estado de emergencia por la forma en cómo aprehendieron a sus afiliados.

“El ministro (Eduardo) del Castillo informa que todas las embarcaciones que explotó eran ilegales; eso es falso, todas esas embarcaciones tienen documentación, inclusive algunos compañeros fueron con poleras o papel higiénico a pedir paz, pero igual recibieron golpes y fueron a parar al lodo. Explotaron las embarcaciones cerca de ellos. Esto fue una puñalada por la espalda, todo lo que hacemos es legal, tenemos toda la documentación al día, ¿por qué no hicieron lo mismo con otras cooperativas que explotaban en el río Orthon?, eso era ilegal”, acusó Coronado.

Ayer, un grupo de inteligencia policial y de la Armada Boliviana, junto a una comisión de fiscales de La Paz, ejecutaron un operativo sorpresa en las comunidades Candelaria y Miraflores, en el río Madre de Dios, en plena frontera entre los departamentos Pando y Beni. Según el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, esta operación dejó un saldo de 57 personas aprehendidas, quienes son acusados por la extracción ilegal del oro. La autoridad, desde Cobija, confirmó que se destruyó 27 dragas, que son las embarcaciones que se utilizan para extraer oro de afluentes.

“Se ha logrado colectar más de 27 dragas que han sido destruidas de manera inmediata, hay una afectación a esta actividad ilícita de más de 1,5 millones de dólares, hay un total de 57 personas aprehendidas, 54 varones y tres mujeres”, explicó Del Castillo en conferencia de prensa en la ciudad de Cobija.

Del Castillo también informó que se secuestró mercurio, metal empleado en la extracción del oro; combustible; cuatro armas de fuego y municiones. Para el operativo, la Policía Boliviana realizó trabajos previos de inteligencia y seguimiento. Por más de una semana, agentes policiales permanecieron en el lugar para identificar a los responsables de la actividad ilícita de explotación minera, dijo el ministro.

El operativo se ejecutó entre las comunidades de Candelaria y Miraflores, ubicadas a las riberas del río Madre de Dios. En esta zona también hay actividad mineral legal.

Ayer por la noche varias organizaciones de Riberalta iniciaron protestas contra la aprehensión de los mineros. Los mototaxistas invadieron la pista de aterrizaje del aeropuerto Selin Zeitun López. Además, las cooperativas mineras se declararon en emergencia, como también la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia (Fencomin), que, según su presidente, Santiago Cruz, la cooperativa minera Madre de Dios Asobal sufrió un “atentado” el día de ayer.

Por su parte, el diputado Óscar Balderas, de filas de Comunidad Ciudadana (CC), anunció que acudirá a la CIDH por la forma violenta en cómo se aprehendió a las personas que estaban en el río Madre de Dios. El legislador aclaró que está en contra de la extracción ilegal del oro.

“Ante la vulneración flagrante de derechos humanos y el excesivo uso de la fuerza en la destrucción de balsas, sin cumplir protocolos con lo que la Armada procede en este tipo de situaciones, solicitaremos medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Igualmente pediremos el traslado inmediato a esta región de quienes fueron llevados a La Paz, para que se defiendan en su jurisdicción y se garantice el debido proceso. Recurriremos a instancias internacionales porque no confiamos en la Justicia boliviana ni en instituciones como la Defensoría del Pueblo, que defienden ciegamente al Gobierno”, afirmó Balderas.