El presidente Luis Arce envió el 20 de abril pasado un proyecto de ley en el que regulaban los efectos de la censura, para reemplazar una norma similar aprobada en 2020, en el que se establecía que cualquier ministro que sea censurado no pueda ser repuesto en el cargo durante todo el periodo constitucional vigente.

El documento se puede encontrar en el archivo público de proyectos de ley en tratamiento, disponible en el sitio oficial en la web de la Cámara de Diputados.

El proyecto de ley 350 señala en su artículo 3 que el mandatario tendría un plazo de 48 horas para destituir al ministro censurado y que “la o el Ministro censurado no podrá ser restituido en el mismo cargo, dentro del periodo constitucional.”

Además agrega en su artículo 4, que la o el ministro que sustituya a la autoridad censurada, “deberá informar a la Asamblea Legislativa Plurinacional sobre la modificación o supresión de la política cuestionada en el plazo de hasta noventa (90) días calendario, a partir de su posesión por el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia.”

Este documento se conoce en medio del caso de la censura del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, autoridad a la que la Asamblea le quitó la confianza el pasado martes por la noche.

A casi 48 horas de la decisión de la Asamblea, el mandatario no se ha pronunciado sobre la censura. El miércoles, la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, señaló que el presidente aún analizaba la continuidad de Del Castillo y éste incluso participó en una reunión de gabinete.

Este jueves, el vocero de Gobierno, Jorge Richter, reiteró que el tema aún estaba en análisis y que la notificación se había recibido ayer, por lo que se conocería una decisión en las siguientes horas.

Alcón había asegurado que Arce analizaba qué pasos iba a seguir tomando en cuenta un fallo constitucional que observó varios de los artículos de la ley de 2020 que regulaba la censura, y que desde el ala ‘arcista’ en la Asamblea es interpretada como un aval para mantenerlo en el cargo.

Sin embargo, en la parte argumentativa de la sentencia, se señala cuáles son las razones por las que una autoridad censurada no debe ser ratificada.

“Siendo que la ciudadana o el ciudadano censurado está vetado de confianza por la Asamblea Legislativa Plurinacional, respecto a uno o varios asuntos que ejecutó durante su permanencia como ministra o ministro de Estado, la prohibición de su designación en ese cargo debe responder precisamente a las funciones que le fueron observadas; es decir, alcanzar a la misma Cartera de Estado de la que fue destituido o destituida”, señala la sentencia en el inciso III de la argumentación.

Además, la sentencia ratifica la constitucionalidad del artículo que señala que la censura en la Asamblea tiene como efecto la destitución.

Sobre el tema, el diputado Carlos Alarcón de Comunidad Ciudadana, confirmó que el presidente envió un proyecto de ley con su firma en el que plantea la no restitución de los ministros censurados.