En una declaración contundente, el ministro de Justicia, Iván Lima, respaldó enfáticamente la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) asegurando que dio la última palabra como hecho absoluto en sentido que Evo Morales no puede ir a la reelección y que el vicegobernador de Santa Cruz, Mario Aguilera, debe asumir la titularidad de la Gobernación en Santa Cruz.
Dijo que sobre la sentencia pueden opinar expresidentes, abogados, profesores de uno y otro lado, pero la Constitución ha hablado y las decisiones están “en la cumbre de la pirámide jurídica y, por lo tanto, en Bolivia Evo Morales no puede ir a la relección, Aguilera debe asumir la gobernación en Santa Cruz, Andrónico tiene que empezar a respetar los recesos parlamentarios, porque ya habló la última voz del Estado”, indicó.
Sostuvo que los que vayan en contra de la institucionalidad lo que quieren es únicamente desinstitucionalizar y violar la Constitución con falacias, tal como expresan expresidentes en general, sin tomar en cuenta que el derecho se define no con sentimientos, sino de razones jurídicas.
La autoridad indicó que la fuente principal del derecho es la Constitución y una fuente fundamental es la jurisprudencia de la Corte Interamericana y del Tribunal Constitucional y el artículo 203 dispone que las sentencias constitucionales son la última palabra del Estado, son definitivas, causan estado, son vinculantes y no admiten ningún recurso ulterior.
“Luego de una sentencia constitucional no existe la posibilidad de que nadie puede plantear ninguna posibilidad de reforma de esa sentencia y solamente puede cambiarse esa opinión con otra sentencia constitucional”, declaró al canal estatal.
Recordó que cuando se dictó la 084/2017 sobre la reelección como derecho humano, nadie podía opinar en contra de esa sentencia, pero “cuando otra sentencia deja sin efecto la 084/2017 cuestionamos al Tribunal Constitución TC y pedimos auditorías jurídicas a las salas del TCP”.
Manifestó que, en el debate contemporáneo, nadie juzga los jueces del Tribunal Constitucional, son “la última palabra de un Estado, es el que apaga la luz. Y esto es lo que está ocurriendo en el mundo, cuando las altas cortes hablan, cuando los jueces de la máxima instancias de un país, es la palabra final”.
Citó que, en Argentina, los jueces frenaron la reforma laboral del presidente Javier Milei; en Israel al primer ministro Benjamín Netanyahu los jueces le frenaron su reforma judicial en medio del conflicto bélico y en Bolivia la Constitución le dice al Tribunal Constitucional que es el máximo intérprete y señala en el Art. 203 que nadie puede revisar las sentencias constitucionales, salvo que interpongan un recurso directo que es la otra vía.
Señaló que, en varios países en diferentes momentos, los tribunales supremos y constitucionales dejan sin efecto decisiones del poder político y mucha gente dice que es el gobierno de los jueces; no, es el gobierno de la Constitución, aclaró
