Dos legisladores criticaron el poco control de la Autoridad de Control y Fiscalización de Bosques y Tierras (ABT) ante los incendios de magnitud que se registran en cuatro departamentos del país. Afirmaron que esta instancia es la que debe controlar, pero que no sienta su presencia en los municipios durante las épocas cruciales.

«La instancia llamada a controlar estos hechos es la ABT, pero su inacción es llamativa. Además, en muchos casos delegan competencias a las gobernaciones y municipios, pero cuando les conviene exigen atribuciones exclusivas como nivel central», explicó la diputada María René Álvarez, integrante del Comité de Medio Ambiente, Cambio Climático, Áreas Protegidas y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados.

El artículo 4 de la Ley de 1171 de Uso Racional de Quemas, promulgado en 2019 por el Gobierno del Movimiento Al Socialismo (MAS), indica que la ABT «es la entidad encargada de autorizar y fiscalizar las quemas. Con la finalidad de realizar un efectivo control y seguimiento de las quemas sin autorización, esta entidad podrá priorizar áreas de intervención para mejorar la gestión del manejo integral, planificado y controlado del uso del fuego, considerando su recurrencia y las características de cada región».

El senador de Comunidad Ciudadana (CC) Fernando Vaca aseguró que, pese a que la ABT tiene esa atribución, «no interviene a tiempo, tiene limitaciones serias y de logísticas. No puede hacer monitoreo más allá de su sistema a través de satélite y tampoco tiene presencia efectiva en los lugares donde se hace quemas, por lo que no hay un control exacto de quien tiene autorización ni se persigue a quien está evadiendo la norma».