Con la salud deteriorada y al menos 180 causas en su contra, la exdirectora del Fondo Indígena, Elvira Parra, obtuvo la detención domiciliaria y salió de la cárcel el viernes 17 de marzo. Estuvo detenida ocho años por el denominado caso Fondo Indígena.

“Desde el viernes en el transcurso del mediodía se hizo los tramites respectivos, debido a que por una resolución ella salió de la cárcel, esta con detención domiciliaria”, informó el abogado de Parra, Vladimir Gonzales, según Página Siete.

El jurista señaló que se logró desvirtuar los riesgos procesales sobre el peligro de obstaculización y la conducta reiterativa.

“Ella no cuenta con un proceso sino varios procesos, bajo esa óptica nos negaban la solicitud, es un riesgo procesal que no se puede desvirtuar hasta emitir una sentencia. La conducta reiterativa viene de un solo proceso que se le instauro a ella y el actor era solo el Fondo Indígena, no habían otros actores, no correspondía ya seguir con las medidas que pesaban en su contra”, señaló.

Gonzales, además, indicó que la salud de la exdirectora del Fondo Indígena estaba siendo afectada por las enfermedades que padece y que se temía que su estado se complique como pasó con el exdirector Marco Aramayo, que falleció tras siete años de prisión.

“Está un poco delicada de salud, le está afectando a la vista la diabetes y la hipertensión arterial también le afectó muchísimo la salud, ese fue otro de los fundamentos que ayudó”, subrayó.

Parra estuvo detenida en el centro de Obrajes, en La Paz durante dos años y dos meses, desde marzo de 2015, luego fue traslada al penal Palmasola de Santa Cruz en mayo de 2022 y retornó a la urbe paceña en enero de este año.

Parra fue una de las primeras ejecutivas, en la gestión de la exministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo, del ahora liquidado Fondo Indígena, instancia estatal que canalizaba recursos económicos a proyectos de sectores indígena originarios y campesinos.

En 2015, las investigaciones determinaron la existencia de proyectos fantasma, para los cuáles se desembolsaron fondos, pero no fueron concretados, con un daño económico al Estado de 182,7 millones de dólares, de los cuáles solo se logró recuperar 1,4 millones.