Además de una ley y un reglamento que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) aplicó en Cobija, existen cuatro artículos en la Constitución que respaldan esta iniciativa. El proceso es complejo y hay tensión
La vara es más alta y los plazos apretados. La solicitud formal para revocar el mandato del presidente requiere de casi dos millones de firmas o el 25% del padrón nacional, según el Artículo 26 de la Ley 026 de Régimen Electoral.
El porcentaje es superior al 20% requerido, por ejemplo, para la iniciativa popular que ahora busca la reforma del sistema judicial a través de un referéndum y un ajuste parcial de la Carta Magna.
El constitucionalista Paul Antonio Coca hizo notar esta diferencia al momento de detallar el soporte legal del revocatorio de mandato. Mencionó la vigencia de cuatro artículos de la Constitución Política del Estado (CPE), además de la Ley 026 que le da viabilidad. “Es legal y democrático”, apuntó.
La constatación está vinculada con las decisiones del cabildo del 25 de enero, cuando se demandó al Gobierno aprobar “una ley de amnistía para todos los presos políticos” en menos de 30 días; vencido este plazo, se activarán los mecanismos legales para revocar el mandato del presidente Luis Arce, quien ganó los comicios de 2020 con el 55,11% de los votos.
El movimiento cívico contabilizó unos 180 detenidos por motivaciones políticas durante la administración de Arce. Entre ellos, la expresidenta Jeanine Añez, el exlíder cívico potosino Marco Antonio Pumari y el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, quien está recluido desde el 30 de diciembre del año pasado en Chonchocoro.
