«La suscrita comisión de fiscales de materia imputa formal y provisionalmente a la ciudadana Jeanine Áñez Chávez por la probable comisión delictiva de los delitos de genocidio, homicidio y lesiones graves y leves, previstos y sancionados (…) en el Código Penal en grado de autoría (…) pidiendo en consecuencia ante vuestra autoridad se tenga presente y se inicie formalmente el proceso (…)”, indica el documento de imputación de la Fiscalía.

El documento fue presentado el lunes 17 de abril ante el Juzgado Primero de Instrucción en lo Penal Cautelar de la ciudad de El Alto, donde durante la crisis de noviembre de 2019 murieron 10 personas y, según la investigación de la Fiscalía, otras 31 resultaron heridas.

Luis Guillén, abogado de Áñez, dijo este martes que la imputación en contra de su defendida –detenida en el penal de Miraflores por el supuesto golpe de Estado de 2019– carece de objetividad porque la Fiscalía, según una publicación de Erbol, señala en su imputación que los manifestantes de Senkata “ejercían su derecho a la protesta pacífica”.

Nosotros pedimos “que se investigue de forma objetiva los hechos acontecidos en 2019, lo cual significa investigar por qué estas personas estaban ahí (en Senkata) bloqueando, qué hacían, recibían o no dinero, eran agresivos o no, ¿era en sí una manifestación pacífica como dice la Fiscalía?”, cuestionó el jurista.Además, “en qué respaldan de que pueda ser llamada como una manifestación pacífica; (…) entonces, estamos hablando de una imputación que está comprometida en su objetividad porque directamente nos establecen que estas personas estaban de forma pacífica en Senkata”, agregó Guillén.