Los problemas en la gestión pública en los tres niveles del Estado (Gobierno Central, gobernaciones y municipios) y la difícil situación económica de la población son las principales fuentes de conflictos en Bolivia y en abril hubo 120, según el informe de la Fundación Unir. Aún no se conocen los datos de mayo.

La cifra es mayor a la registrada en marzo (98 casos) y la más alta del año. “Es importante destacar que solo 14 por ciento de estos conflictos proviene de meses pasados, eso quiere decir que nueve de cada diez casos se originaron y plantearon su primera medida de presión en abril”, según el informe.

Entre las causas para el aumento de la conflictividad en Bolivia, Unir cita la complicada situación económica por la que atraviesa el país.

Por ejemplo, personas con discapacidad se movilizaron para exigir al Ministerio de Justicia y al Comité Nacional de Personas con Discapacidad el incremento del Bono de Discapacidad de Bs 250 a Bs 500 debido al aumento del costo de vida.

Los gremiales de Oruro demandaron autorización para instalar puestos de venta en distintos sectores de la ciudad.

Los transportistas de Potosí exigieron a las autoridades municipales la presentación del estudio tarifario para la nivelación del precio de pasajes del transporte público, este tema genera tensiones entre choferes y vecinos de distintas ciudades desde hace meses.

Hubo conflictos municipales en Monteagudo, con protestas en demanda de cumplimiento a los compromisos adquiridos en 2022 para la construcción de la carretera El Salto-Puente Limón.

En Yacuiba, el Comité Cívico exigió la puesta en marcha del proyecto original comprometido de una doble vía Yacuiba-Villa Montes.

Otros conflictos ocurrieron en El Alto, Potosí, Sucre, Cochabamba y otros municipios del país.

En su generalidad, los conflictos de abril no alcanzaron niveles de radicalidad elevados, hubo medidas de presión de mediana intensidad, como marchas, concentraciones y bloqueos de vías públicas. Sin embargo, se produjeron varios hechos de violencia, especialmente entre sectores de la sociedad civil, con un saldo de un muerto (en el enfrentamiento entre mineros de Potosí por el control de una veta de plata), al menos 38 heridos y cinco tomas de rehenes, según la evaluación de Unir.