El pleno de la Cámara de Senadores aprobó, en sus estaciones grande y detalle, un proyecto para que los actuales magistrados del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) cesen en sus funciones el 2 de enero de 2024. El documento fue remitido a Diputados para su consideración.

La norma –propuesta por el senador William Torrez, perteneciente al ala “evista”– fue tratada por dispensación de trámite lo que viabilizó que pase directamente al pleno sin ingresar previamente por una comisión legislativa.  

Se trata de la “Ley de Suspensión de Plazos Procesales y Continuidad Jurisdiccional del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional” hasta la posesión de las nuevas autoridades jurisdiccionales elegida por voto popular.

El tratamiento de la ley surge luego que en días pasados el TCP haya emitido una Declaración Constitucional que declaró la continuidad de los actuales magistrados y consejeros del Órgano Judicial hasta que se concreten las  elecciones judiciales.

El parágrafo I, artículo 3, del proyecto de ley señala, por ejemplo, que el Secretario General del Tribunal Supremo de Justicia estará “a cargo de la recepción y custodia de los procesos descritos en el artículo 184 de la Constitución Política del Estado y la ley número 025 el Órgano Judicial que se han remitido a competencia de este tribunal al igual que las causas remanentes sin resolver si así existieran”.

El senador “evista” del MAS, Miguel Rejas, informó que el proyecto de ley aprobado este lunes busca darle “certidumbre” al país para que se pueda garantizar que los actuales magistrados dejen sus funciones desde el próximo año.

“Nosotros hemos visto que es un atropelló a la Constitución, pero más que todo, a la democracia porque ustedes saben muy bien todos entramos por el voto popular y no puede ser, pues, que nos autoprorroguemos y seamos juez y parte en todos estos casos”, afirmó.

La norma además establece que el Órgano Judicial “continuará ejerciendo sus competencias y atribuciones en cumplimiento al mandato constitucional y del ordenamiento jurídico en actual vigencia por intermedio de la administración jurisdiccional, ejercida mediante los tribunales departamentales de justicia en todas sus salas, incluidas las constitucionales, juzgados, tribunales de sentencia y juzgado agroambiental”.

La senadora “arcista”, Ana María Castillo, expresó su rechazo al proyecto de ley aprobado y lo tildó como “irresponsable”   y advirtió que podría ser inconstitucional al quitar atribuciones a los magistrados y otorgar otras funciones a los secretario generales.