A cinco días del receso parlamentario, el Gobierno a través del ministro de Justicia, Iván Lima Magne, insiste que la resolución de los comicios judiciales está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en tanto, analistas dicen que la prórroga de los magistrados es inconstitucional y que sus actos desde el 2 de enero de 2024 no tendrán validez, además de sostener que el boicot a este proceso vino de todo lado.
“Lo que teníamos que hacer como Ejecutivo lo hemos hecho, este es un tema de la Asamblea Legislativa y de la justicia boliviana que tiene que resolverse, nuestra exhortación a la ALP es que de inmediato se apruebe una ley que garantice los dos tercios de voto en la preselección de candidatos y al Órgano Electoral la posibilidad de hacer elecciones”, sostuvo el Ministro de Justicia en Bolivia Tv.
Sin embargo, para esta semana se prevé un trabajo complicado en el Legislativo, toda vez que se mantienen las posiciones encontradas, ahora no solo en lo que hace al reglamento de preselección, sino en lo referido a impulsar un juicio de responsabilidades a los magistrados del Tribunal Constitucional que determinaron la extensión de mandato de sus correligionarios.
En la Asamblea, los diferentes frentes han presentado proyectos de ley para llevar adelante los comicios, pero ninguno en consenso, además desde el MAS se plantea subsanar las observaciones al documento y de esta forma viabilizar el proceso.
Ejecutivo insiste que Legislativo debe solucionar tema de elecciones judiciales
País
Los magistrados del Tribunal Constitucional en la mira por prórroga de mandato. | APG
Publicado el 18/12/2023 a las 2h27
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A cinco días del receso parlamentario, el Gobierno a través del ministro de Justicia, Iván Lima Magne, insiste que la resolución de los comicios judiciales está en manos de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en tanto, analistas dicen que la prórroga de los magistrados es inconstitucional y que sus actos desde el 2 de enero de 2024 no tendrán validez, además de sostener que el boicot a este proceso vino de todo lado.
“Lo que teníamos que hacer como Ejecutivo lo hemos hecho, este es un tema de la Asamblea Legislativa y de la justicia boliviana que tiene que resolverse, nuestra exhortación a la ALP es que de inmediato se apruebe una ley que garantice los dos tercios de voto en la preselección de candidatos y al Órgano Electoral la posibilidad de hacer elecciones”, sostuvo el Ministro de Justicia en Bolivia Tv.
Sin embargo, para esta semana se prevé un trabajo complicado en el Legislativo, toda vez que se mantienen las posiciones encontradas, ahora no solo en lo que hace al reglamento de preselección, sino en lo referido a impulsar un juicio de responsabilidades a los magistrados del Tribunal Constitucional que determinaron la extensión de mandato de sus correligionarios.
En la Asamblea, los diferentes frentes han presentado proyectos de ley para llevar adelante los comicios, pero ninguno en consenso, además desde el MAS se plantea subsanar las observaciones al documento y de esta forma viabilizar el proceso.
Culpabilidad de todos
Respecto a la responsabilidad del fracaso, en que unos y otros se acusan mutuamente, analistas sostienen que todos son artífices del boicot a de las judiciales.
“Desde marzo vienen haciendo amparos, recursos constitucionales y al final le dicen al Órgano Judicial preguntaremos al Tribunal Constitucional, señaló el abogado Franklin Gutiérrez en Panamericana.
El abogado Juan del Granado refirió el trabajo que desarrollaron los juristas independientes para llevar adelante un referendo en lo que refiere a los cargos judiciales, pero oposición y oficialismo le dieron la espalda.
“Estaban viendo como mejor ajustaban a sus intereses las elecciones judiciales, elecciones partidocráticas,”, sostuvo.
Pero, ambos legistas coincidieron en que todos aportaron en el fracaso de las judiciales.
Prórroga traerá consecuencias
El abogado Franklin Gutiérrez, ante la prórroga de mandato de los magistrados, dejó entrever que a partir del 2 de enero de 2024 todas las actuaciones que se den en las altas cortes de la justicia podrían ser sujetas a recursos de nulidad.
“Esto va a traer un conflicto mayor, porque todos los actos que vayan a hacer el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo vulneran la constitución, el bloque de constitucionalidad y gente que se vea agraviada va a acudir a la justicia internacional contra el Estado boliviano, quien va a pagar los daños y perjuicios será el Estado”, dijo.
