El defensor del pueblo, Pedro Callisaya, evidenció la devastación en la Chiquitanía a causa de los incendios forestales. Tuvo que transitar por carreteras en medio del fuego y vio familias desplazadas que se refugian en casas comunales.

Bolivia vive un desastre por los incendios forestales, y una sala constitucional falló el martes en contra de las autoridades de los tres niveles de Gobierno por no haber atendido a tiempo la contingencia, determinó además la reparación del daño y la prevención para que no se repita, por una acción popular interpuesta por el Defensor del Pueblo.

Callisaya llegó a Ascensión de Guarayos, Urubichá Salvatierra y Concepción, donde la situación es dramática. “Unas 14 familias, 64 personas entre mujeres y niños, permanecen refugiadas en la casa comunal; los hombres se quedaron en sus comunidades luchando contra el fuego o cuidando lo poco que les queda”, contó a Los Tiempos.

Sentencia judicial

Callisaya señaló que la resolución establece que las autoridades tienen tres meses para encarar acciones urgentes para la reparación de los bosques y la biodiversidad, para ayudar y lograr el retorno de los indígenas desplazados por los incendios, previa restauración de sus territorios. “Deben informar de los avances a la Justicia cada tres meses”, precisó.

El incumplimiento de resoluciones es una responsabilidad penal que implica la cárcel, precisó.

Debe haber acciones inmediatas para la protección de los parques, de los humedales, para el resarcimiento de los daños y para que las autoridades asuman con responsabilidad sus competencias.