La Presidencia de la Cámara de Diputados, con la ayuda de un notario, procedió la tarde de este jueves a devolver el proyecto de ley 144 para realizar elecciones judiciales, sin que haya sido tratado antes en el pleno como reclamaron “evistas” y opositores”.

La devolución estuvo a cargo del secretario general de la Cámara de Diputados, Manuel Córdova, quien aseveró que ahora la ley está en manos del Senado.

El Senado aprobó dicho proyecto de ley en agosto de 2023 para llevar adelante las elecciones judiciales, pero varios artículos del mismo fueron anulados por parte del Tribunal Constitucional en la misma resolución que decidió prorrogar el mandato de los magistrados.

La ley se encontraba en la Comisión de Constitución de Diputados, dirigida por el “arcista” Juan José Jáuregui, donde la semana pasada se decidió devolver el proyecto al Senado, para ajustarlo al criterio del Tribunal Constitucional.

Los opositores y “evistas” consideraron que Jáuregui obstaculizó de manera ilegal el tratamiento de esa ley en el pleno de Diputados, porque correspondía tratarla en ese ámbito y no devolverla.

Hasta el miércoles, los “evistas” afirmaban que el proyecto de ley no les fue devuelto al Senado, pero este jueves apareció el representante de Diputados con el notario para hacer la entrega formal.

Esto se produce al mismo tiempo que la Cámara de Diputados debería haber sesionado, sin embargo, el presidente del ente, el “arcista” Israel Huaytari, decidió suspender esa sesión, generando el reclamo de sus detractores quienes pretenden acelerar las elecciones judiciales.

El Secretario General de Diputados denunció que en horas de la mañana la secretaría del Senado borró el sello de recibido, por lo cual intentó de nuevo en la tarde y, al encontrar cerrada la oficina, se acudió a un notario.

Informó que la devolución tiene la firma del asesor de la presidencia del Senado.

El funcionario de Huaytari agregó que sólo ha cumplido la devolución solicitada por una comisión y que, ahora, corresponde al Senado hacer el análisis en función de los lineamientos del Tribunal Constitucional.