Hoy empieza la recepción de documentos de los postulantes a magistrados y consejeros del Tribunal Supremo de Justicia, Tribunal Constitucional, Tribunal Agroambiental y Consejo de la Magistratura. Los seleccionados podrán participar de las elecciones judiciales cuya fecha será fijada por el Tribunal Supremo

Electoral. En tanto, surgen las primeras observaciones a los requisitos. 

El proceso de recepción de documentos vence el próximo 10 de marzo de 2024.

El lugar de entrega de los documentos es la sede de la Comisión Mixta de Constitución a partir de las 08:30 en la sede de la Asamblea Legislativa en la ciudad de La Paz. 

Pese a que la convocatoria fue aprobada por unanimidad en la Asamblea Legislativa, surgen cuestionamientos como la del abogado constitucionalista Victor Hugo Chávez quien considera que el sistema de evaluación y sus requisitos dan absoluta preferencia a jueces y fiscales. 

Chávez, en declaraciones a El Diario, dijo que la desigualdad se evidencia en la poca ponderación a la producción intelectual y un enorme favorecimiento a la formación en escuelas de jueces del Estado.

Observó que la cátedra universitaria sólo será evaluada con cinco puntos para la candidatura a magistrado. 

De acuerdo con Chávez, con este sistema de evaluación aprobado por la ALP, un abogado o profesional independiente que desee postular a estos cargos no tiene posibilidades frente a jueces y fiscales que ejercieron funciones.

Sin embargo, otros especialistas consideran que los postulantes deben tener amplia experiencia en los procedimientos y resoluciones. “Más que títulos, es la experiencia lo fundamental, porque de otra manera no se puede ejercer adecuadamente el cargo”, señaló a Los Tiempos el abogado constitucionalista y exmagistrado Marco Antonio Valdivieso.

Por su parte, el constitucionalista Eusebio Vera coincidió con Valdivieso en que la experiencia es el principal requisito que deben cumplir los postulantes. “Debe conocerse el funcionamiento de los juzgados desde el llenado de los libros”, señaló.

Mencionó la necesidad de contar con gente que conozca el funcionamiento de un despacho judicial y que haya ejercido funciones emitiendo fallos y resoluciones constitucionales o del tribunal al que se postule.

Otra observación que hace Chávez al sistema de calificación es que la producción intelectual será ponderada con un puntaje muy bajo para los precandidatos.