Un requerimiento de cuatro puntos fue enviado a la Cancillería para que informe sobre el estado de salud del dirigente cocalero, César Apaza, quien se encuentra postrado en su celda del penal de máxima seguridad de Chonchocoro; mientras su familia pidió garantías por el amedrentamiento al que están sometidos desde las autoridades.
“De conformidad con el articulo 25 (5) del Reglamento de la CIDH, y sin prejuzgar sobre el posible otorgamiento de medidas cautelares, cumplo con solicitar a Su Excelencia tenga a bien enviar a esta Secretaría, en un plazo de 10 días, contados a partir de la recepción de esta comunicación, la información que considere oportuna sobre la situación a que se refiere a la parte solicitante”, señala la parte central de la carta que fue enviada por ese organismo multilateral.
Apaza está detenido desde septiembre de 2022 por la quema del mercado ilegal de coca en la zona de Villa El Carmen; sin embargo, en noviembre fue trasladado al penal de máxima seguridad de Chonchocoro. El 15 de febrero fue trasladado al hospital de Clínicas con un cuadro de Accidente Cerebro Vascular (ACV), pero el lunes las autoridades dijeron que ese no fue el cuadro clínico del dirigente, pero tampoco detallaron su informe médico.
La carta enviada por la CIDH fue la respuesta a la solicitud de la senadora Centa Rek, quien pidió la aplicación de medidas cautelares en favor del dirigente, puesto que sin estar recuperado el 15 de marzo, las autoridades penitenciarias lo trasladaron de nuevo al penal de Chonchocoro y dieron explicaciones dos días después, aduciendo que fue dado de alta por los médicos del hospital de Clínicas.
La CIDH expuso cuatro puntos al Canciller boliviano, Rogelio Mayta: 1) sus observaciones sobre la solicitud de medidas cautelares; 2) enviar información sobre el cuadro de salud de Apaza, aportando copia de exámenes, evaluaciones y dictámenes médicos, así como el tratamiento corriente, indicando su adecuación y oportunidad; 3) indicar si hay una investigación sobre las denuncias de violación de DDHH, aportar los documentos; 4) enviar cualquier otra información pertinente, señala el documento del organismo.
Mientras que la esposa de César Apaza, Nilda Huanca, ofreció una conferencia de prensa en la que pidió otorgar la detención domiciliaria a su esposo para que siga siendo investigado; pero no lo mantengan en su celda y sin ningún tipo de atención.
Asimismo, denunció que permanentemente, ella y su hijo de un año, son «hostigados por la Policía» que la sigue a todos lados y les sacan fotos cada que pueden. “El Ministerio de Gobierno nos sigue, la inteligencia en todo momento nos sigue, cuando nosotros íbamos al hospital de Clínicas siempre junto con nosotros estaban, nos sacan fotos a mi hijo y a mí, a toda la familia, sufrimos un hostigamiento”, relató en medio de sollozos la esposa de Apaza a los medios.
Mañana viernes llega la comisión de la CIDH y Evelyn Cossío, abogada de Apaza, dijo que ya solicitaron una entrevista con los delegados, pero no con los abogados, sino con la familia, para que describan lo que está sucediendo con el malogrado dirigente cocalero.
