La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) admitió la denuncia del excívico Branko Marinkovic contra el Estado boliviano por una presunta campaña mediática de «desprestigio» y persecución judicial tras acusarlo de supuestamente intentar conformar una «célula terrorista».
«(La parte peticionaria) alega que las autoridades buscaron privarlo de su libertad y restringieron sus derechos patrimoniales mediante distintas medidas cautelares, las cuales se sustentaron en pruebas
manipuladas por funcionarios públicos», dicen los alegatos de la presunta víctima.
Sobre los alegatos de la presunta campaña mediática, desde la posesión de Marinkovic como presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, el gobierno habría desplegado una campaña masiva de comunicación con al menos 22 spots y 18 notas de prensa, «destinados a destruir su imagen pública y la lucha por la autonomía departamental que encabezaba en ese momento».
El fin de este material audiovisual, según el denunciante, era para acusarlo de «procurar la división del país» por impulsar la autonomía departamental.
En el documento, se detalla que el dirigente fue incluido en los procesos denominados “Terrorismo I” y “Terrorismo II”; y que además buscaron quitarle sus derechos de propiedad sobre el predio denominado “Laguna Corazón”.
