Pese a la situación adversa que enfrenta Bolivia, la economía del país mantiene cierta estabilidad apuntalada por actividades ilícitas que crecen al amparo de políticas públicas, las cuales a su vez ayudan a desarrollar grupos de poder con intereses políticos partidarios, según un estudio del Centro de Desarrollo Laboral y Agrario (CEDLA). Solo la producción y transporte de droga dentro del territorio nacional mueve más de $us 835 millones.

Bolivia tiene una necesidad creciente de financiamiento, una deuda pública en ascenso, reservas en caída libre y un déficit fiscal que arrastra desde 2014 (por la caída de los ingresos del gas), pero se mantiene por “economías que están en las sombras” como el narcotráfico, el contrabando y la minería ilegal, entre otras, indicó el investigador Carlos Arze, durante el Diálogo “Políticas públicas y desigualdades: un balance necesario”.

El experto indicó que, aunque hay una evidente ralentización del crecimiento de los sectores productivos, se percibe aún mucho gasto en actividades recreativas, en viajes aéreos al exterior, en importación de vehículos y en compra de inmuebles. Hay inversiones en diferentes sectores que sostienen la estabilidad de la economía, pero que “no se sabe de dónde vienen”, indicó Arze, durante el diálogo realizado en Cochabamba, en coordinación con el espacio alternativo Somos Sur y la Red Nacional de Noticias Obreras (Renno).

En el caso del narcotráfico, las políticas del MAS aumentaron en 2017 la superficie cultivada autorizada de la hoja de coca (insumo básico de la cocaína) de 12.000 hectáreas (ha) a 22.000 ha, con lo que se legalizaron 10.000 nuevas hectáreas, 2.300 ha en los Yungas de La Paz y 7.700 en el trópico de Cochabamba.

Bajo este nuevo escenario, la producción legal de coca en 2021 fue 2,1 veces mayor a lo que se necesita en el mercado boliviano para el consumo lícito o tradicional. Y esto se refleja en los datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que indican que entre 2006 y 2021 el 93% de la coca producida en el Chapare no se comercializó en el mercado legal, mientras que ese porcentaje fue del 19% en el caso de los Yungas. 

Esos volúmenes “tienen un destino que no se conoce, presumiblemente un uso ilegal para la producción de droga”, indicó Arze.De acuerdo con un informe de la UNODC al que accedió el CEDLA, se estima que en 2020 la producción de cocaína en Bolivia fue de 140 toneladas (t), aunque el Gobierno de Estados Unidos calcula que ese volumen es de 312 toneladas.

Los estudios del CEDLA, por su lado, calculan que el precio de la cocaína producida en Bolivia llega a $us 364 millones, un monto que asciende a $us 2.880 millones, si se incluye en el proceso la pasta base que ha estado ingresando de Perú y se refina en el país, y la operación de exportación hasta la frontera.

No obstante, una gran parte de ese dinero se queda con los traficantes internacionales. Estudios de la Organización de Estados Americanos (OEA) permiten calcular que de los $us 2.880 millones que movería el negocio de la cocaína en el país, unos $us 2.045 millones (71%) se quedan con los que la exportan, $us 576 millones (20%) con los productores de pasta y $us 259 (9%) millones con los productores de coca. Esto quiere decir, que “en Bolivia se quedan casi $us 835 millones”, aunque ese monto puede ser mayor porque cada vez hay más bolivianos en el eslabón exportador de esa actividad ilícita, indicó Arze.

Para enfrentar este delito, el Gobierno del MAS cambió su estrategia de lucha contra el narcotráfico: mantuvo algunas políticas de interdicción e incorporó la lucha contra la legitimización de ganancias ilícitas y el control social, ninguna con resultados alentadores, pese a que el presupuesto para este control aumentó de Bs 140 millones en 2011 a 420 millones en 2020.

“En vez de buscar al productor de coca”, como lo hacía la DEA, ahora el Gobierno dice que “busca al que lava dinero mediante el sistema financiero y la compra de activos”, afirmó Arze.

Entre 2011 y 2021, le interdicción a fábricas de producción cayó de 5.252 a 800, las toneladas de pasta secuestrada de 28,4 a 11,9, las de sustancias sólidas secuestradas de 747 a 520 t y las sustancias líquidas secuestradas de 2.635 a 799 metros cúbicos. Subió un poco la intervención a laboratorios, de 25 a 26, y bastante el secuestro de clorhidrato, de 5,6 a 11,9 t.

Por su lado, en 2021, hubo solo 8 personas privadas de libertad por fabricación de sustancias controladas, 242 por transporte de esas sustancias, 484 por suministro de esas sustancias y 1.219 por tráfico de sustancias, como gasolina y coca. “Esta lucha no ha cambiado nada. Continúa la vieja historia, la víctima es el eslabón más débil del negocio”, subrayó Arze.

En los procesos por ganancias ilícitas, el último informe del Gafilat a 2011 indica igualmente que, de 44 casos, ninguno dio resultados. 

Asimismo, el control social, es decir, los dirigentes que asignan los catos legales de coca y los catos “blancos” (adicionales) han usado ese poder para dominar a los productores de base y para usar sus cargos como trampolín a puestos de alcaldes, diputados o senadores. Son, generalmente, militantes del oficialismo que también tienen voto en la definición de políticas de lucha contra los narcos y en la forma en la que se invierten los recursos de desarrollo alternativo (más de $us. 945,6 millones desde 1987 en la región del trópico de Cochabamba).

“Ese tipo de capitalismo salvaje está en auge en el país y es una actitud de clase. Se basa en esa desinstitucionalización del Estado, en las élites que pueden ser populares. Es lo que vemos en todas las economías ilícitas, narcotráfico, minería ilegal y contrabando. No hay ley ambiental, tributaria ni laboral. Eso no podría pasar si no hay encubrimiento por parte del Gobierno”, dijo Arze.

“Esta información es demasiado necesaria para el país que necesitamos construir desde 2024 en adelante (…). Las exposiciones que el CEDLA nos han llenado de angustia, porque ahora sabemos cómo este capitalismo salvaje está afectando al país, pero al mismo tiempo los líderes de organizaciones de base salimos de aquí con el compromiso de transmitir a nuestros compañeros información para entender en qué país estamos y qué país queremos”, afirmó Maria Lohman, coordinadora de Somos Sur, al cierre del ciclo de los diálogos “Políticas Públicas y Desigualdades”.