El presidente de la Asamblea Departamental de Santa Cruz y que estuvo preso por el caso terrorismo de 2009, Zvonko Matkovic, resaltó los avances que han existido en diferentes procesos a favor de los coacusados y advirtió que países europeos no dejarán en la impunidad la muerte de sus ciudadanos en el Hotel Las Américas.

Se pronunció después de que la justicia uruguaya  otorgó una indemnización a Alejandro Melgar, como resarcimiento por haberlo encarcelado a la espera de una extradición a Bolivia de manera injustificada.

Matkovic recordó que, además, existen más de una de docena de casos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) debido a las vulneraciones de los derechos a los coacusados del caso terrorismo, para los cuales la sentencia en Uruguay es un “espaldarazo”.

Asimismo, enfatizó que entre las víctimas de lo ocurrido en 2009 estuvieron tres ciudadanos europeos, cuyos países no dejarán que sus muertes resulten impunes.

“No solamente violaron los derechos humanos de 39 familias (de los coacusados), sino que asesinaron a tres personas asesinaron, a tres ciudadanos europeos y les puedo garantizar que eso no se borra y que esos países, con los que yo he tenido conversaciones, no van a dejar que sus muertos, esos asesinatos queden en impunidad”, dijo Matkovic.

El asalto al Hotel Las Américas se produjo el 16 de abril de 2009, donde fuerzas policiales irrumpieron y acabaron con la vida de Eduardo Rózsa (boliviano-húngaro), Arpad Magyarosi (rumano) y Michael Dwyer (irlandés).

En el caso de Dwyer, la CIDH ya ha emitido un informe de fondo y, hasta la semana anterior, el Procurador del Estado informó que no se había llegado a un acuerdo con la familia, por lo cual el proceso podría llegar a la Corte Interamericana.

Matkovic, quien estuvo preso ocho años por el caso terrorismo, consideró que la sentencia a favor de Melgar en Uruguay también es una jurisprudencia, porque confirma el criterio de que en Bolivia no había garantías de juicio justo, por hechos como trasladar la causa a La Paz cuando eran hechos registrados en Santa Cruz.

Anunció que, por su parte, se remitirá esta sentencia a la CIDH como otro elemento para argumentar su demanda.        

“Se tienen que preocupar las personas que le ponen la firma a cualquier cosa. Se tienen que preocupar los jueces y fiscales que creen que sus actos no tienen consecuencias, que todo lo que están dejando por escrito no puede ser revisado en algún momento por alguien que no tiene un interés político”, agregó.