La Gobernación del Beni anunció este lunes que pedirá la abrogación de una ley que determina los límites entre Cochabamba y Santa Cruz, “lo más urgente posible”, porque vulnera los derechos territoriales del departamento.

La decisión fue anunciada este lunes por el gobernador beniano, Alejandro Unzueta, tras recibir el informe de una comisión jurídica especial que examinó la norma objetada, promulgada por la Asamblea Legislativa Plurinacional hace 7 años.

Según las autoridades benianas, la Ley 846 modifica una parte de la demarcación entre los departamentos de Cochabamba y Santa Cruz, hasta el extremo de establecer un punto tripartito que perjudica el territorio del Beni.

Unzueta y sus asesores calificaron la Ley 846 de “encubierta”, “clandestina” y “trucha” porque fue tramitada por los parlamentarios de Cochabamba a espaldas del Departamento del Beni y de acuerdos bilaterales.

Unzueta dijo que el Beni está obligado a presentar una acción de inconstitucionalidad porque afecta un millón y medio de hectáreas de territorio beniano, “hasta las puertas de San Ignacio de Mojos”, y dejaría al Beni con sólo un pedazo del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS).

Insistió en que la ley fue “malintencionada” y señaló que, en caso de mantenerse la ley, 19 comunidades indígenas del TIPNIS pasarían a ser consideradas en la jurisdicción cochabambina, con grave perjuicio para la población beniana.

Unzueta remarcó también que, en caso de aplicarse lo establecido en la ley cuestionada, sería “nefasto” para el Beni porque “está cerca el censo” nacional de población y vivienda, en marzo del próximo año.

El gobernador beniano insistió en que la ley 846 fue promulgada “entre gallos y medianoche” y apuntó que vulnera la “pausa” política administrativa acordada entre Beni y Cochabamba en 1991, que dejó en suspenso el diferendo jurídico entre ambos departamentos.

El gobernador Unzueta puntualizó que la decisión no incluye una pelea con su colega de Cochabamba, Humberto Sánchez, a quien consideró “una gran persona”, pero exigió que se “depongan actitudes” de parte de Cochabamba “como se estableció en 1991 y se ratificó en 2001”.

Según las autoridades del Beni, la demanda de inconstitucionalidad de la ley 846 será presentada a la brevedad.