Este mismo sábado, la Asamblea de la Comunidad Educativa de la Iglesia católica, reunida en Cochabamba, emitió un comunicado en el que expresa su repudio por los acontecimientos ligados al abuso de menores cometidos por sacerdotes, pero pidió que se evite revictimizar a quienes sufrieron los abusos y que el proceso se realice en el marco del debido proceso y sin intervención política.

La abogada de los jesuitas remarcó que no se contempló ningún tipo de compensación económica para las víctimas por actos de violencia sexual cometidos por los sacerdotes jesuitas fallecidos Alfonso Pedrajas, Alejandro Mestre y Luis Roma. “Lo que no quisiéramos es discutir públicamente una situación que debe ser abordada judicialmente. La Compañía de Jesús, como institución, no cometió delitos. Más allá de que para las víctimas es muy complicado exteriorizar ese drama sufrido, el responsable fue cada sacerdote que los cometió”.

Entonces, si la Compañía de Jesús es demandada, anunció que se va a defender. “Sí puede ofrecer reparación integral, que para empezar es la garantía de no repetición. Se formaron estudiantes, padres de familia, docentes y la comunidad, para que puedan exteriorizar y denunciar cualquier agresión, no siempre sexual. A veces los docentes no tienen el comportamiento adecuado”.

Otra forma de compensación: “La Compañía de Jesús puso a disposición al equipo de profesionales para que les apoyen psicológicamente para que les ayuden a recobrar su estabilidad emocional y psicológica, y puedan desarrollarse de forma normal. El resto de los ítems deben verse en lo jurídico, ante los pedidos de asociación de exestudiantes del Colegio Juan XXIII que dicen que cada uno pretende recibir a $us un millón, a razón de $us 2.000 mensuales por 40 años de no haber superado estos traumas”.

El fallecido sacerdote español Alfonso Pedrajas admitió en un diario publicado por el periódico español El País, haber cometido más de 80 violaciones a estudiantes principalmente en el colegio católico Juan XXIII, de Cochabamba.

 Muchos de los sacerdotes a los que Pedrajas acudió para relatar lo que había cometido, guardaron silencio, y cuando en Bolivia la justicia acudió a ellos para que brinden información, se acogieron al secreto de confesión, lo que generó sensación de impunidad para las víctimas.

“No se puede modificar en el país la confesión que, en términos civiles, es un mandato que tienen los sacerdotes. Guardar su secreto es clave. En el país se ha propuesto una ley para levantarlo, ¿ustedes creen que a partir de que se promulgue alguien irá a confesarse ante un sacerdote, si éste podrá salir del confesionario y deberá dirigirse al Ministerio Público para denunciarlo? Pero, si así lo dispone la nueva legislación, la Compañía de Jesús la va a cumplir y la feligresía sabrá el riesgo que corre respecto de sus confesiones. Creo que son medidas irracionales”.